Bien sea por temor a una airada reacción presidencial, bien por genuina convicción, lo cierto es que los empresarios nucleados en IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) hoy abrazan la pauta de ajuste salarial del 19 por ciento fijada por el Gobierno con el mismo fervor que hace exactamente un año denostaban cualquier suba de esa envergadura. “Aunque por un lado quitan competitividad, los aumentos de sueldo estimulan el consumo y sacan a la gente de la pobreza”, defendió ayer Enrique Pescarmona, devenido en una voz más del nuevo coro patronal. Las preocupaciones de los ejecutivos y accionistas se orientan ahora en la estrategia oficial para contener los precios y los cambios en la legislación laboral.

A mediados de junio del 2005, Pescarmona y Alfredo Coto escandalizaron a Néstor Kirchner cuando desde el precoloquio rosarino advirtieron que los aumentos salariales “por encima de la productividad” resultaban “inflacionarios”. Por entonces los empleados de comercio –entre los que se encuentran los 19 mil que ocupa el supermercadista– estaban discutiendo una recomposición en torno del 18 por ciento, que desde la tribuna empresaria se consideraba exagerada.

“¿Cuál es hoy la productividad que debería tomarse como parámetro para que los aumentos de salarios no provoquen inflación?”, preguntó ayer Página/12 a Pescarmona durante el encuentro empresario que tuvo lugar en la bonaerense Pilar. “No hay un valor en ese sentido, porque se mide a posteriori”, eludió el hombre de Impsa, de los pocos dispuestos al diálogo y con un discurso de aval a la política oficial. “Este Gobierno respeta las leyes de capitalismo. La economía marcha muy bien y lo mejor que tiene (Néstor) Kirchner es que sabe hacer los números.”

De todos modos, el mendocino no dejó de advertir que el 19 por ciento fijado como norma “es en dólares” y atenta contra la competitividad de la economía, cuyo crecimiento deja bastante que desear, según las exposiciones académicas que se escucharon ayer. Juan Luis Bour, de FIEL, fue el encargado de advertir que la reducción de costos laborales tras la devaluación se está terminando, ya que los aumentos nominales de salarios están paulatinamente licuando ese beneficio.

Para un encumbrado empresario de la alimentación, la pauta oficial no sólo “es justa” sino que tiene el valor de contener las aspiraciones sindicales, que estarían muy por encima del 19 por ciento. “Lo que la Unión Industrial Argentina quería era, justamente, una pauta. El problema es que Roberto Lavagna se negaba a fijarla”, aseguró el hombre de la transnacional argentina, para quien el Gobierno llegó a aquel número sobre la base de estimar para este año un crecimiento del 9 por ciento y una inflación del 10.

Ninguno de los ejecutivos congregados aquí se atrevería a cuestionar de lleno la política de control de precios oficial, y hay quienes ayer hasta le reconocían a Guillermo Moreno el status de un funcionario “inteligente y eficaz”. Igual hay diferencias de criterios con el secretario de Comercio frente a su exigencia de detallar la evolución de los costos para fundamentar un aumento de los precios. “Una cosa son las alimenticias como Molinos, que tienen una estructura mucho más sencilla, ligada a la evolución del precio de la materia prima, y otra son las automotrices”, señalaban aquí, admitiendo la renuencia de algunas empresas a brindar esa información. Desde varios sectores, empezando por el de la alimentación, existe presión para reconsiderar los acuerdos de precios sellados con el Gobierno con la idea de relajarlos y permitir subas en algunos productos. Otro punto urticante para los hombres de empresa son los cambios en la legislación laboral que estudia el Congreso y que, a instancias de los legisladores oficialistas, redundarían en una menor flexibilización. “Van a complicar básicamente a las pymes”, alertó Pescarmona. Los retoques en la norma que regula riesgos de trabajo que impulsa Carlos Tomada saca de quicio a muchos hombres de empresa, que promovieron la discusión sobre este tema con el fin de “llenar algunos vacíos” y obtuvieron una propuesta oficial mucho más abarcativa y adversa a sus intereses: el ministro de Trabajo habría discutido sus ideas con las ART, pero no con las aseguradas. Entre otras cuestiones, poco simpatiza una lista abierta de enfermedades a cubrir y, básicamente, la “posibilidad de cogestión”, que entrañaría la facultad de los delegados de paralizar un proceso productivo si se advierte algún riesgo.