Con el acuerdo alcanzado con la CGT y la UIA para fijar un nuevo salario mínimo, el Gobierno se aseguró no tener que volver a la discusión de este piso de remuneraciones por lo menos hasta marzo de 2007. No es ésa la pretensión de máxima que formulara el director del Departamento Laboral de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, que pedía “encapsular” la discusión salarial hasta después de las elecciones de octubre del año próximo, pero es un buen método para ganar unos cuantos meses de baja en el nivel de conflictividad, teniendo en cuenta además que simultáneamente han llegado a su fin las negociaciones colectivas en la mayoría de gremios grandes. Al Gobierno sólo le resta velar por que la inflación no se dispare.

La señal principal ha sido la moderación: como con las jubilaciones, se subió el piso para que no quedara tan lejos de la realidad, pero no más que eso. La relación entre ganancias empresarias y salarios sigue siendo una cuestión ajena a las mesas de discusión. Otra vez, la clase empresaria ganó la batalla cultural: el salario no es una medida de la justicia social, sino un “costo” que, cuanto más sube, menos “viable” hace el crecimiento económico “sano”.

“Pedir por pedir, se puede pedir cualquier cosa”, ridiculizó en medio de la negociación el titular de las 62 Organizaciones y representante de la CGT en la discusión, Gerónimo Venegas, el reclamo de la CTA por un salario más ajustado a las necesidades básicas y a condiciones de vida dignas para un trabajador. La pretensión de la central, que vuelve a quedar en el lugar de opositora, no pudo compatibilizarse con la de la CGT, que una vez más ocupa el rol de oficialista. El reclamo de la CTA por una agenda cuyo objetivo primordial fuera la determinación del valor de esa canasta básica acompañaba el apoyo a la elevación del salario mínimo en lo inmediato a 857 pesos, tal cual lo había pedido la CGT. Pero el agregado no fue aceptado por la central encuadrada detrás de Hugo Moyano. A sugerencia del propio ministro de Trabajo, el camionero dejó en soledad los tres votos de la CTA y cerró acuerdo con la UIA por el escalonamiento salarial trimestral, sin ningún compromiso extra.

Así como la agenda de la CTA para discutir y resolver qué es un presupuesto familiar digno quedó como un grito en el vacío, algunas expresiones de la Unión Industrial en medio del debate dejaron marcado a fuego el criterio prevaleciente cuando se trata de medir un salario. La principal representación empresaria insistió durante las negociaciones en la fijación de un salario por región, porque “no todas pueden pagar un salario mínimo de 800 pesos”. Es decir, el salario se paga por lo que puede el empleador, no por lo que vale. De lo cual resulta que, como hay insumos que siguen aumentando sus precios al ritmo de la suba de los commodities –petróleo, aluminio, acero, aceites, vidrio, plásticos, papel, etc.–, y no se pagan según lo que pueden los empresarios que lo compran sino por lo que valen, al salario se destina “lo que queda”.

¿Y las ganancias empresarias? En el último año siguieron en fuerte aumento, según lo muestran los balances empresarios y hasta la recaudación del tributo respectivo. Pero de eso, cuando se discute salarios, no se habla.

La recuperación del salario mínimo, luego del congelamiento sufrido durante los ’90 y el retraso al que se lo sometió en la década y media previa (1976 al ’90), es un dato valioso. Pero el Consejo del Salario dista de ser un espacio democrático para el desarrollo de políticas redistributivas. Una vez más, los grupos concentrados del sector empresario mostraron su poder, que en parte se refleja en los valores del salario mínimo, pero mucho más cuando se miran los criterios que siguen prevaleciendo.