ECONOMíA › OPINION
› Por Artemio López
Hay malestar en el gobierno chileno por el nuevo precio que la Argentina fijó a las exportaciones de gas tras la nacionalización boliviana. Según nos informa la prensa, “De Vido había dicho que el valor del gas sería menor de 4 dólares por millón de BTU. No le faltaba razón al ministro, ya que el precio que pagará Chile es de U$S 3,95. Sin embargo, los funcionarios chilenos se encargaron de subrayar que si se le suma el transporte –que forma parte del precio que pagará en la frontera–, el valor llega a 4,80 por millón de BTU. “Este es un precio inferior a los cinco dólares que paga la Argentina por el gas boliviano, pero superior al que anunció el ministro Julio De Vido ante la prensa, incluida nuestra prensa nacional”, dijo Poniachik sobre las promesas del ministro.
Todo esto es consecuencia tardía de haber financiado durante décadas la horrible política exterior de la República de Chile para con la región en general y Bolivia en particular, que se remonta a tiempos previos a la guerra del Pacífico, cuando contaba con una economía de exportación basada en la salitreras del Norte, que se extendían por el desierto de Atacama y el extremo sur del territorio peruano. En ese entonces, Inglaterra mantenía enormes intereses en el comercio del salitre y el capital chileno y británico poseían el 33 por ciento del salitre peruano.
Cuando el gobierno de Bolivia impuso un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción, Chile invadió su territorio argumentando que violaba el tratado de 1874, que establecía que los bolivianos no incrementarían los impuestos sobre el salitre por 25 años, es decir, hasta 1899. El conflicto que se desató y que involucró a Perú –aliado de Bolivia– se conoce como la guerra del Pacífico, 1879-1884. La victoria chilena movió su frontera hacia el Norte y dejó a Bolivia sin acceso al mar. Tras la invasión se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre Bolivia y Chile, conocido como el Tratado de 1904, donde se definió la actual delimitación territorial, según la cual la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el mar.
La ridícula persistencia para las autoridades chilenas, más allá del signo político de los gobiernos de turno, de este tratado y sus consecuencias, comercialmente muy perjudiciales para Bolivia y oprobiosas para su soberanía política y territorial, está en la base de la triangulación argentina para la provisión de gas a Chile.
Pues bien, es esta política exterior expansiva y sin bases materiales para sustentarla por parte de la hermana República de Chile la que tiene hoy un alto y creciente costo, y la República Argentina no tiene por qué continuar financiándola. Que las autoridades de Chile y Bolivia resuelvan este dilema como les plazca sin alterar los equilibrios regionales, pero los argentinos necesitan una economía fiscalmente ordenada, y es bueno que los estrategas chilenos ya no cuenten con nuestro presupuesto para seguir “dándole gas” a su modelito, tan exitoso. ¿O no era “el” ejemplo a seguir?
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