La suspensión de las exportaciones de desechos de cobre y aluminio no fue suficiente argumento para terminar con el robo de cables de los tendidos eléctrico y telefónico. Es más, ni siquiera logró atenuarlo, ya que las cifras denunciadas demuestran un incremento en lo que va del año del 28 por ciento en la sustracción de cables eléctricos con respecto al año pasado, y del 32 por ciento en la de cables telefónicos, totalizando 2573 kilómetros de cables robados en siete meses. Según el informe elaborado por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, más de tres millones de usuarios resultaron afectados, con un costo de reposición de 15 millones de dólares “que terminan pagando los mismos usuarios”.

El informe de la Defensoría señala que las quejas de los usuarios por falta de servicios originada en el robo de cables se triplicaron con respecto al año pasado. El mismo fenómeno afectó a las líneas ferroviarias, que vieron inutilizados sus sistemas de señales, así como a la provisión de agua potable y a líneas de transmisión radial. El informe también advierte sobre la aparición de una nueva modalidad delictiva: el robo de medidores de gas, “que al no tener un mercado secundario, son utilizados para reducirlos a desecho de aluminio”. El informe aclara que no incluyó el robo de cableado del servicio de televisión paga, aunque “existe conocimiento de que este sector también se vio afectado”.

El propio informe de la Defensoría destaca que “actualmente las exportaciones de desecho de cobre y aluminio se encuentran suspendidas y, aun así, no se ha verificado una disminución de los robos de cables”. En efecto, por Resolución 200/2006 del Ministerio de Economía de abril de este año, Felisa Miceli dispuso la suspensión por 180 días de dichas exportaciones, luego de una gestión en tal sentido del ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian. Mondino había hecho una gestión similar el año anterior, logrando que Roberto Lavagna, entonces ministro, dictara en julio de 2005 la suspensión de las exportaciones, pero sólo por un plazo de 90 días.

La Defensoría estima que, “al no ser la exportación lo que alienta el robo, puede sostenerse que es el precio en el mercado interno lo que ha configurado una estructura delictiva que promueve los hechos mencionados (...). Es imprescindible desarmar esas estructuras a través de la legislación, hasta ahora inexistente”. En función de ello, el defensor del Pueblo reclamó al Congreso una legislación que proteja el material no ferroso afectado al servicio público.