El Gobierno continuó ayer la pulseada con las prepagas, después de que algunas empresas anunciaran a sus afiliados aumentos de entre el 5 y el 10 por ciento. Desde la Secretaría de Comercio, que comanda Guillermo Moreno, informaron que una de las prepagas que había aplicado el ajuste de cuota desde agosto se comprometió a dar marcha atrás y acreditar en la factura de sus afiliados lo cobrado de más a partir del mes próximo. En la Rosada aseguran que el acuerdo con las principales compañías del sector era que “los aumentos sean una vez por año en base a los costos”. Como en enero pasado todas las prepagas elevaron sus cuotas un 10 por ciento en promedio, la idea sería postergar toda nueva suba hasta el año próximo.

Sin embargo, hoy no hay ningún impedimento legal para que las compañías eleven sus precios y, más aún, no existe ningún organismo estatal que regule el accionar de un sistema que mantiene cautivos a los afiliados de mayor edad. Para cubrir el vacío legal, el oficialismo impulsará en los próximos días un duro proyecto de ley de regulación del sector, que desde hace meses fogonea la diputada Patricia Vaca Narvaja.

El superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, confirmó que en los últimos días inspectores de la entidad y de Defensa del Consumidor habían “visitado” a unas 15 prepagas, con el fin de detectar posibles subas de cuotas. El miércoles, el funcionario había apelado a los usuarios para que no convalidaran los aumentos, aconsejándoles pagar el abono común sin el incremento. Incluso, dijo que se evaluaban sanciones a las compañías que remarcaran sus planes sin justificación en sus costos. Pero lo cierto es que la Superintendencia de Salud sólo tiene potestad para controlar el funcionamiento de las obras sociales. La única empresa privada que está alcanzada por sus disposiciones es Osde, que todavía se rige bajo las normas de los prestadores de salud sindicales.

La Secretaría de Comercio tampoco cuenta con instrumentos legales para regular a las prepagas, más allá de las sanciones monetarias que en los últimos años aplicó en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, fundamentalmente, por incumplimientos de contratos. En materia tarifaria, Defensa del Consumidor sólo logró emitir hace dos años una resolución que obliga a las empresas a avisar por carta de cualquier aumento con 60 días de antelación a sus clientes.

De ahí que toda la negociación que encaró Moreno con las empresas de salud se desarrollara entre la zanahoria de supuestas ventajas impositivas y el garrote que significa enemistarse con un gobierno con poder. Para las grandes, la zanahoria es uno de sus reclamos históricos y tienen espaldas financieras para esperarla pacientemente. Pero las empresas más chicas y los hospitales de comunidad dicen que la ecuación económica se les hizo insostenible después de los aumentos salariales y la permanente inflación de costos en aparatología e insumos importados. Así y todo, en las últimas horas la dialéctica morenista habría logrado frenar los ajustes anunciados.

En el trasfondo de esta disputa está el proyecto de ley que elaboró Vaca Narvaja, en coautoría con la diputada Graciela Rosso. Con esa herramienta el panorama del sector cambiaría diametralmente, no sólo en términos de regulación tarifaria, sino también de control de los servicios prestados a más de 2,5 millones de usuarios. Esencial para un sistema que deja cautivos a los afiliados de mayor edad. La idea del oficialismo sería aprobarlo, a más tardar, a fines de octubre. Los principales puntos del proyecto son los siguientes:

- La Superintendencia de Salud será el ente regulador del sector.

- Aprobación de cuotas en base a criterios de costos. Para ello, se creará una comisión integrada por funcionarios de la Superintendencia de Salud y Defensa del Consumidor que autorizarían o no los aumentos.

- Con 10 años o más de antigüedad, no podrá cobrarse una cuota diferenciada por mayoría de edad. Hoy hay prepagas que encarecen notablemente los costos de los planes después de los 65 años.

- Si una empresa quiebra, la Superintendencia distribuirá a sus afiliados entre otras prepagas, de acuerdo a planes con servicios y tarifas similares.

- La edad no podrá ser motivo de no aceptación de un afiliado.

- El período y tipo de carencias de los planes (tiempo sin algunas coberturas) será determinado por la Superintendencia de Salud.

- Habrá sanciones y multas severas por incumplimientos de las normas dispuestas en la nueva ley.