La expulsión de Aguas Argentinas y la creación de una empresa estatal de agua y cloacas fueron decisiones con un fuerte respaldo. Más del 70 por ciento de la ciudadanía estuvo de acuerdo, según las encuestas que se hicieron en marzo pasado. No se conocen mediciones actuales, pero cuando se pulsa la opinión de especialistas en la materia, como expertos en saneamiento o asociaciones de consumidores, persiste un sostenido apoyo a aquellos pasos del Gobierno. Esos mismos actores, sin embargo, empiezan a advertir que el funcionamiento de AySA muestra algunos desajustes, que se reflejan en un aumento de las quejas de los usuarios y en mayores demoras en la reparación de desperfectos. También hay preocupación porque el anuncio del plan de obras ya lleva más de cuatro meses de retraso, el Ejecutivo redujo los montos de inversión previstos y el nuevo marco regulatorio achicaría las exigencias de calidad.

De todos modos, para poner las cosas en perspectiva, lo primero que hay que establecer es que AySA superó con holgura sus dos primeros grandes desafíos: garantizó la prestación del servicio y sostuvo la gestión comercial; esto es, la cobranza siguió en el mismo nivel que traía el operador privado. Si se hubiera producido un estallido de la morosidad, habría sido un mal comienzo. Por el contrario, el paso del esquema privado al estatal se dio sin sobresaltos.

Pero hay problemas a tener en cuenta, alertan quienes siguen los pasos de la compañía. El Etoss, órgano de control del servicio, registró desde junio un salto en los reclamos de los usuarios. En la mayoría de los casos, las demandas son por una tardanza excesiva en la resolución de problemas de prestación. El ente detectó, por ejemplo, que frente a denuncias de desbordes cloacales, que antes se reparaban en uno o dos días, ahora lo usual es que pasen cuatro días y, en algunos casos, se llega a seis. Las quejas del público siguieron en aumento en julio y en agosto. “Hay problemas de mantenimiento”, admitió una fuente oficial.

Consumidores Libres, una de las asociaciones que integran la comisión de usuarios que audita el desempeño de la empresa, denunció que el teléfono gratuito que ofrece AySA para formular reclamos no funciona como corresponde. Horacio Bersten, vicepresidente de Unión de Usuarios y Consumidores, también comentó que su entidad verificó una suba de las protestas de los clientes. El especialista sostuvo que hay falencias de gestión. “La administración de la compañía debe ser eficiente para no dar argumentos a quienes quieran volver a privatizarla más adelante”, exhortó.

AySA completó la conformación de su directorio recién el último martes, a pesar de que la empresa fue constituida a fines de marzo. Su presidente es Carlos Ben, quien antes de llegar a ese cargo estuvo del otro lado del mostrador como vicepresidente de Aguas Argentinas en representación del grupo Suez. Ben fue en los noventa un defensor de la privatización, al igual que su socio político, el secretario general de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. Por esa sociedad política y por el peso de Lingeri dentro de la compañía, el sindicato tiene una fuerte injerencia en su conducción.

El 30 de marzo último se hizo el lanzamiento formal de AySA en un acto en la Casa Rosada. En esa oportunidad se anunció que en 30 días se daría a conocer el plan quinquenal de obras de la empresa. Néstor Kirchner, a su vez, afirmó que se destinarían 9000 millones de pesos a esos trabajos de expansión de la red, que presenta un déficit agudo de cobertura: 2 millones de personas carecen de agua y 4 millones están sin cloacas.

El plan de negocios y el plan quinquenal de obras todavía no se presentaron. La empresa adujo que los directivos de Aguas Argentinas retacearon la entrega de información sustancial para elaborar esos proyectos, y que eso explica parte del retraso. De todos modos, no se fijaron nuevos plazos para su elaboración. En cuanto a los recursos que destinará el Estado nacional a la ampliación de la red, el propio Kirchner comentó hace dos semanas que ya no serían 9000 millones de pesos, aunque no dio precisiones de la nueva cifra. En parte, esa reducción obedece a la queja de algunos gobernadores por el uso de tanto dinero en el área metropolitana. El argumento es que habría discriminación contra sus distritos.

La principal obra que se anunció hasta el momento es la construcción de un acueducto entre Lanús y Temperley, que demandará una inversión de 20 millones de pesos. Los trabajos son para aumentar la presión de agua. Es una vieja demanda que finalmente será satisfecha. Pero entre las asociaciones de consumidores existe preocupación por el proyecto de marco regulatorio que está redactado AySA. Allí se determinaría que la empresa ya no debe cumplir con los mismos parámetros de presión de agua que se le habían exigido a Aguas Argentinas.

El proyecto de marco regulatorio también está demorado. AySA y el Ministerio de Planificación crearon una comisión para elaborarlo, pero hace más de un mes que no hay avances. Mientras tanto, la compañía no tiene quién la controle desde el punto de vista de su operación técnica. El Etoss no fue facultado para hacerlo y se sospecha que Ben y Lingeri aspiran a ratificar ese criterio en el nuevo marco regulatorio. Es el esquema que rigió cuando ambos estaban en Obras Sanitarias antes de la privatización. AySA tiene sólo los controles administrativos y de gestión de la Sigen. El riesgo es que los problemas en la prestación del servicio se profundicen, y que el entusiasmo mayoritario por la estatización derive en frustración.