Néstor Kirchner recibió anoche en su despacho a Felisa Miceli y Guillermo Moreno. El motivo fue estudiar las herramientas legales para llevar a la práctica el proyecto que busca solucionar el problema del costo de los alquileres. Lo más probable es que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de ley con algunos aspectos de esa iniciativa, mientras que otros podrían ser instrumentados por decreto. El Presidente tendrá hoy otro encuentro con la ministra de Economía y el secretario de Comercio Interior por este tema. Más allá de la cuestión legal, las “reuniones de trabajo”, como las denominan en el Palacio de Hacienda, intentan demostrar que el Gobierno está activo para llevar esta propuesta a la práctica, que generó fuertes expectativas y sobre la que existen muchos interrogantes. Se supone que el programa entrará en vigencia mañana.

El plan busca resolver el problema de la vivienda propia, que se agudizó a partir de la devaluación. La gran brecha entre los salarios en pesos y los precios en dólares de las casas y departamentos, con valores similares a los de la convertibilidad, dejó a una gran cantidad de potenciales compradores lejos de esa posibilidad. El problema es que no encuadran en la relación cuota-ingreso de los créditos hipotecarios.

La respuesta del Ministerio de Economía fue armar un proyecto sustentado en dos ejes: facilitar el acceso a los préstamos para la vivienda y promover la construcción de nuevas unidades para alquilar. Esas medidas buscan descomprimir el mercado de alquileres, que ante el aumento de la demanda y el achicamiento de la oferta se está recalentando.

El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para conseguir la devolución anticipada del IVA a los constructores de viviendas destinadas a alquiler o leasing (alquiler que puede ser imputado como pago a cuenta de una posterior compra por el inquilino). Este beneficio impositivo redundaría en un achicamiento de casi 20 por ciento del costo de financiación de las obras. La expectativa del Gobierno es que esta promoción genere más proyectos de construcción de edificios, que supuestamente –por la suba de la oferta– impactaría en el mercado de los alquileres.

Miceli y Moreno analizaron si incluir en el proyecto de ley los incentivos destinados a los inquilinos, vinculados con los créditos hipotecarios. Hoy habrá una definición. Se trata de que el inquilino pueda ser “sujeto de crédito” acreditando el pago en término durante los últimos ocho a doce meses de su alquiler, con contrato y recibos perfectamente confeccionados.

Pero la clave del plan, que los funcionarios de Economía dejaron trascender más allá del anuncio oficial, es abaratar el costo de los créditos hipotecarios hasta hacer equiparable la cuota de esos préstamos con el valor mensual de un alquiler. Ningún banco anunció todavía la salida de esas líneas, aunque los públicos Nación y Ciudad señalaron de manera extraoficial que lo harían en los próximos días. También se sumará el Provincia y hay ocho bancos privados, entre los que se cuentan los líderes en el segmento de créditos hipotecarios, que también facilitarían las condiciones. Los inquilinos esperan ansiosos que aparezcan esos créditos. Mientras tanto, el Gobierno se muestra activo. Según el anuncio oficial, mañana debería entrar en vigencia todo este programa.