El próximo martes el Indec dará a conocer la inflación de agosto. El Gobierno espera que se ubique entre 0,4 y 0,5 por ciento, igual o una décima más que hace un año, respectivamente. Los pronósticos de los consultores oscilan entre 0,5 y 0,6 por ciento. Los resultados serán tema de análisis la semana que viene, pero más allá de las circunstancias de corto plazo, resulta revelador mirar hacia atrás y hacer un balance de lo que ocurrió con los precios y los ingresos desde la devaluación a la fecha. Revisar el ranking de ganadores y perdedores depara algunas sorpresas y confirma impresiones previas, como que los sectores de menores recursos, los empleados públicos y la mitad (de arriba) de los jubilados son los más perjudicados. Los alquileres, contra la creencia general, ocupan el sexto lugar en el top ten de rubros con menores aumentos.

El problema con los alquileres es que se trata de un componente demasiado pesado en la canasta de gastos del inquilino y, sobre todo, la tendencia del último año preocuparía a cualquiera. Los alquileres se encarecieron 26,2 por ciento desde la devaluación. Sólo cinco subrubros de bienes y servicios desagregados por el Indec, sobre un total de 52, subieron menos que los alquileres desde diciembre de 2001 a julio de 2006. Sin embargo, en el último año éstos escalaron 15,1 puntos. Es decir, durante tres años y medio se mantuvieron relativamente estables, pero hace doce meses arrancó una corrida con pocas perspectivas de detenerse en el corto plazo. De ahí la intervención del Gobierno, aunque todavía es incierto el resultado de su plan para extender la oferta de créditos hipotecarios y promover la construcción de viviendas para alquiler.

La inflación registrada desde la devaluación es del 83,8 por ciento. Con sólo mirar el cuadro de los grandes rubros que componen el Indice de Precios al Consumidor se advierte cómo la depreciación del peso produjo el reacomodamiento de precios relativos buscado con esa medida. Los productores de bienes, en su mayoría transables (exportables), son los que más posibilidad tuvieron de subir sus precios y, de ese modo, recuperar rentabilidad y capacidad de producción (más allá de comportamientos especulativos, falta de competencia y distorsiones de mercado).

En efecto, Indumentaria trepó 125,6 por ciento, Alimentos y bebidas 111,3, Esparcimiento 105,4 (el turismo fue claramente un ganador con la devaluación) y Otros bienes y servicios 84,4 (rubro en el que entran cigarrillos, artículos de tocador y servicios para el cuidado personal). En cambio, debajo del promedio de 83,8 por ciento del IPC quedaron los rubros Atención médica y gastos para la salud (62,7 por ciento), Educación (58,1), Vivienda y servicios básicos (55,4) y Transporte y comunicaciones (51,7).

Mientras los bienes tuvieron margen para ascender porque el dólar alto los protegió de la competencia externa y les dio competitividad para ganar mercados afuera, los servicios debieron esperar en función de la limitada capacidad de compra interna. Además, el Gobierno reforzó esta tendencia al mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos para los usuarios residenciales. A esta altura, con la demanda local recompuesta, empresarios de varios sectores de servicios consideran que llegó su hora y presionan por una recomposición de márgenes. De ahí que Felisa Miceli y Guillermo Moreno están muy ocupados en negociaciones con colegios privados, prepagas y propietarios de viviendas. Anteriormente, los acuerdos de precios frenaron los incrementos en alimentos, el rubro más sensible por su impacto social.

El Indec divulgó hace tres semanas un informe que demuestra que en el transcurso de 2006 la inflación golpeó más duro en los sectores de ingresos medios y altos que en los de ingresos bajos. Esto fue así, otra vez, porque los precios de los servicios son los que más vienen avanzando. Pero al ampliar el cuadro, lo que pasó desde la devaluación al presente es exactamente lo inverso. Desde el punto de vista de los precios y los ingresos, mientras más pobre, peor. Otro análisis posible, eventualmente con otras conclusiones, es considerar qué pasó –y qué podría haber pasado con salidas distintas de la devaluación, como la dolarización de la economía– con esa misma gente tomando en cuenta su situación ocupacional.

Lo cierto es que la Canasta Básica Alimentaria, que establece la línea de indigencia, subió 109,0 por ciento y la Canasta Básica Total, que fija la frontera de la pobreza, lo hizo 86,2. Además, el rubro Alimentos y bebidas aumentó 111,3, con productos como la carne, que trepó nada menos que 145,6 por ciento. La pelea que dio el Gobierno contra ganaderos, consignatarios y frigoríficos fue determinante para que la carne cambiara de tendencia drásticamente. En lo que va de este año, bajó 1,2 por ciento.

Desde el lado de los ingresos, los empleados públicos, los trabajadores en negro y los jubilados que ganan por arriba de la mínima sufrieron una fuerte caída de su poder de compra. Todos quedaron muy por abajo del 83,8 por ciento del IPC (ver cuadros). Los trabajadores registrados y la mayoría de quienes perciben la jubilación mínima, en cambio, mejoraron su posición relativa.

Los precios mayoristas y los de la construcción, finalmente, reflejan lo positiva que resultó la devaluación para los productores de bienes exportables y constructores. Son sectores que todavía están sacando provecho del modelo económico. Un caso saliente es el del petróleo crudo y gas, cuyos productores además se beneficiaron por el incremento de los precios internacionales. Desde la devaluación, esos productos aumentaron un exorbitante 571,9 por ciento.