La puja entre el Gobierno y los bancos por créditos hipotecarios a tasas bajas para permitir a inquilinos el acceso a una vivienda propia revela mucho más que una pelea política por el nivel de rentabilidad de las entidades y por la suba de los alquileres que impacta en el sensible índice de inflación. Reinstala el debate sobre uno de los proyectos que impulsó –y luego archivó– la administración Kirchner en los primeros meses de su mandato, que consistía en instrumentar un único organismo de control de los conglomerados financieros. Cuando los bancos aseguran que no pueden bajar las tasas por la carga que implican los costos asociados a un préstamo, por ejemplo el seguro de vida del deudor, están jugando al distraído con el interlocutor de turno. Los funcionarios que se entretienen con ese argumento y actúan de partenaire de ese pase de baile no quedan bien parados. Mientras, varios analistas son funcionales a ese espectáculo, concentrando su preocupación en las finanzas de los bancos, al sentenciar, como si ellos mismos fueran banqueros, que es imposible bajar el costo financiero total de los créditos. Lo que unos y otros no dicen es que los bancos hoy no son sólo bancos, como se entiende a entidades que exclusivamente reciben depósitos y con ese dinero otorgan créditos. También son compañías de seguros, sociedades de Bolsa, fondos comunes de inversión, AFJP, seguros de retiro, ART y, en algunos casos, también empresas que proveen servicios de salud con el mecanismo de los seguros, conocidas como medicina prepaga. Son, en realidad, poderosos conglomerados financieros que el Estado controla con organismos específicos, cada uno de los cuales supervisa sólo una pequeña parte del negocio global y actúan sobre esa porción de la actividad. De esa manera, a esos grupos les resulta muy fácil enredar a sus clientes o a las autoridades políticas, obrando con el objetivo de maximizar los beneficios del conglomerado.

El gobierno de Kirchner dejó pasar la oportunidad, ya sea por falta de voluntad política o por excesiva dosis de táctica ante la compleja renegociación de la deuda en default y el complicado proceso de pesificación asimétrica, de avanzar, en los primeros años de su gestión, en una reforma para poner orden a un mercado que se expandió bajó la lógica de la liberalización financiera de los ’90. El estallido de la convertibilidad que debilitó al sistema y produjo una fuerte desmonetización de la economía dejó el terreno libre para avanzar en la regulación de los conglomerados financieros. Con su veloz recuperación, como se refleja en las utilidades crecientes en los distintos segmentos de sus negocios, esos grupos volvieron a alcanzar proporciones que resultan un actor difícil de desafiar por el poder político. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, lo intenta, con incierto resultado que desorienta a más de uno con la iniciativa de convertir al inquilino en sujeto de crédito. Préstamos que siguen sin aparecer en las condiciones de tasas y plazos necesarios para que ese objetivo se pueda cumplir.

Los bancos contratan los seguros para los créditos en compañías vinculadas, del mismo modo que lo realizan con sus propias AFJP que, luego de simular la realización de una licitación abierta para obtener la prima más barata, pactan el negocio con sus empresas de seguro de vida e invalidez. Si los bancos no son abordados por el poder político como conglomerados financieros, éstos jugarán siempre con las mejores barajas. Es ingenuo esperar que esas entidades bajen las tasas voluntariamente, y más aún analizar la rentabilidad de créditos hipotecarios a tasas reducidas separada de la utilidad global. Y sería un despropósito, por las ganancias que contabilizan y por la estructura de conglomerado, evaluar un régimen de subsidios, como propuso la banca. El poder de los grupos financieros se traduce en la siguiente cifra: con sus diferentes compañías (banco, seguro, AFJP, fondos de inversión y otras) abarcaban el 80,5 por ciento del total de fondos administrados por el sector financiero doméstico. Esto implica que una decena de entidades manejan la mayor parte de los recursos financieros y del crédito disponibles en la Argentina. Ese crecimiento se fue profundizando a lo largo de la década pasada, y si bien esa modalidad fue introducida por la banca trasnacionalizada, la privada nacional, la estatal y la cooperativa han adquirido esa misma fisonomía.

El economista Jorge Gaggero, en la presentación del reciente documento Dimensión de los conglomerados financieros: el caso argentino, elaborado por Jorge Golla y Lorena Fernández del Cefid-Ar, sostiene que los bancos estatales y cooperativos “aseguran –en un contexto normativo e institucional adecuados– la existencia de múltiples empresas ‘testigo’ de gran ayuda para el ejercicio más eficaz de las obligaciones regulatorias del Estado en este campo de la actividad económica”. Por ahora esas entidades todavía no asumieron ese papel. Más bien imitan el comportamiento del resto de la banca. En ese interesante trabajo de investigación, Golla y Fernández precisan que la idea de consolidar un superente de control estatal nació en los países desarrollados y que en varios de ellos ya está funcionando. “El Reino Unido constituye un caso extremo de integración de la regulación y supervisión financiera en una sola entidad, la denominada Financial Service Authority, donde se consolidaron todos los entes reguladores de los servicios financieros”, explica ese dúo de expertos, quienes destacan que también Irlanda, Austria, Alemania, Japón, Corea, Australia, Dinamarca y Suecia son otros ejemplos de integración completa.

Los controles dispersos, una regulación deficiente y normas de supervisión que no se adaptaron a la nueva estructura de funcionamiento del sistema conforman un Estado débil para negociar y disciplinar a la banca entendida como conglomerado financiero. Este no sólo maximiza las utilidades con los particulares sino que esa forma de organización también perjudica al fisco: los conglomerados están en condiciones de mover contablemente sus ganancias para hacerlas figurar en la empresa con menor carga impositiva. Es la misma operación que realizan las trasnacionales –con los precios de transferencia–, manipulando los valores de las transacciones que realizan entre sí diversas subsidiarias, dentro o a través de las fronteras.

Con mesura política, Golla y Fernández, del Cefir-Ar (centro de estudios dependiente de la banca estatal y cooperativa, que cuenta con el apoyo de la ministra Felisa Miceli), alientan un superente de control “para ayudar a una prudente administración de las operaciones entre las entidades pertenecientes a un conglomerado, con el objetivo de proteger a los consumidores, preservar la estabilidad sistémica y la eficiencia del sistema financiero”. Si se decidiera abordar el conflicto con la banca identificándola como conglomerados, definir el nivel de la tasa de interés de créditos hipotecarios para inquilinos presentaría caminos más sencillos para resolverlo. En cambio, si esos grupos siguen creciendo sin una regulación unificada para acotar su poder de influencia, de cooptación de las conducciones que deben controlarlos y de generar rentas extraordinarias, las chances de entablar una negociación desde el Estado quedan muy reducidas. La carta de un superente de control sobre esa mesa podría facilitar la tarea del Gobierno.