El Gobierno decidió jugar otra carta pesada para garantizar el abastecimiento de combustibles y, en particular, de gasoil. La Secretaría de Energía elaboró una resolución que obliga a los productores de nafta, gasoil, diesel oil, fuel oil y lubricantes a pedir autorización a la Subsecretaría de Combustibles para exportar esos productos. Las empresas conseguirán el permiso sólo si “certifican fehacientemente” que están en condiciones de cubrir la totalidad de la demanda interna. Además, antes de realizar cualquier envío deberán ofrecer su producción al mercado local. Una medida igual rige desde 2002 para las exportaciones de petróleo, gas y, también, para las de gasoil. De acuerdo con la visión de especialistas en el sector consultados por Página/12, la medida sería una forma de presionar a las petroleras, y en particular a Shell, para que importen y produzcan más gasoil, a fin de superar las carencias actuales.

La resolución llevará el número 1338/06 y será publicada la próxima semana en el Boletín Oficial, según adelantaron fuentes oficiales. Dice que se extiende “la obligación de registrar previamente y obtener autorización de la Subsecretaría de Combustibles para las operaciones de exportación de naftas, fuel oil y sus mezclas, diesel oil, aerokerosene (JP1), lubricantes, asfalto, coke y derivados para uso petroquímico”.

El registro de la operación constituye un requisito “obligatorio” y “de trámite previo ineludible” para las empresas exportadoras. El artículo quinto de la resolución establece además que las firmas refinadoras y comercializadoras “deben certificar fehacientemente que el mercado interno está abastecido”. Esto se complementa con una declaración jurada en la que deberán dejar constancia de que toda la cadena de comercialización de combustibles está debidamente cubierta, no sólo en los volúmenes que fijan los contratos, sino en la proyección de demanda esperable.

Este último punto es central, puesto que las petroleras deberán ser capaces de afrontar los picos de demanda de gasoil que generan el sector rural, el transporte e incluso los usuarios particulares en diferentes momentos del año. Es una medida estructural para trasladar a las empresas la responsabilidad de que no falten combustibles. La manera de lograr que cumplan es poner en riesgo la crema de su negocio, que es la exportación de naftas. En el momento actual, la compañía más afectada sería Shell.

Por más que el Gobierno niegue faltantes de gasoil, todos los días desde distintas ciudades del país, incluidas la Capital Federal y el conurbano bonaerense, se informa de restricciones en la oferta de ese producto. El ejemplo de ayer fue Comodoro Rivadavia, adonde se impuso un límite de carga a los transportistas de apenas 30 pesos por camión. La situación es complicada y el Gobierno reclamó a las petroleras que solucionen el problema en el corto plazo importando el combustible. Repsol YPF, Petrobras y Esso lo aceptaron, mientras Shell comunicó que no planea hacerlo, porque la ecuación de importar y vender en el mercado interno a precios virtualmente congelados le ocasionaría pérdidas.

La nueva regulación de las exportaciones podría cambiar las cosas, debido a que si Shell no consigue autorización para exportar naftas, su actividad podría verse comprometida. Desde hace tres años existe un acuerdo no escrito entre el Gobierno y las petroleras para que no aumenten los precios internos de los combustibles. A cambio, el Ejecutivo permite las exportaciones de naftas, gasoil, diesel y lubricantes con una retención de 5 por ciento. Las ventas de crudo al exterior, en cambio, están gravadas con una retención del 45 por ciento. De ese modo, las refinadoras se abastecen localmente con un petróleo que ronda los 32 dólares el barril y exportan naftas a unos 70 dólares el barril. Si las empresas sufrieran trabas para exportar este último combustible, el negocio podría entrar en riesgo.

La autorización previa para la exportación de combustibles es, de todos modos, una medida menos drástica que otra posible, como la suba de las retenciones a esos productos. En este último caso, además, todas las petroleras se hubieran visto perjudicadas y, según analistas del sector, no sería ese el objetivo buscado por el Gobierno.

La resolución que saldrá la próxima semana se suma a otra dictada el último miércoles por la Secretaría de Energía, en la que dispuso que las petroleras deberán informar y pedir autorización previa a la Subsecretaría de Combustibles para comercializar nuevos productos. La medida entró en vigencia en forma retroactiva a partir del 1º de septiembre, luego de que Shell sacara la semana pasada al mercado la nueva fórmula VPower Diesel con un precio 10 por ciento mayor. La empresa terminó por retirar de la venta ese producto hasta que consiga la autorización. El contexto es la pelea por los precios y por el abastecimiento de gasoil, en una guerra visible pero no declarada.