Según consta en el Presupuesto 2007, el gobierno nacional destinará al área energía un mínimo de 1357 millones de pesos a distintos emprendimientos del rubro durante el año próximo, cifra que no incluye los recursos que demandará Enarsa para pagar el gas que se importe desde Bolivia o algún eventual aporte estatal para las obras de ampliación de gasoductos. Gran parte de ese dinero asume la forma de inversión. Otra refuerza la sustanciosa partida de subsidios estatales destinados a mantener congeladas las tarifas residenciales de los servicios públicos. En cualquier caso, el dinero estatal concurre a paliar el déficit de la inversión privada en un área estratégica, con serio riesgo de estrangulamiento de la oferta por un aumento importante en la demanda.

Al margen de las voluminosas sumas que durante las últimas décadas el Tesoro nacional destinó a la represa de Yacyretá, el presupuesto para el año próximo que hoy discuten los legisladores incluyó una partida de 350 millones de pesos que, en gran medida, serían absorbidos por las obras para elevar la cota y aumentar la capacidad de generación de la represa. Con ese aporte adicional, podría paliarse aunque sea parcialmente la escasez de gas para las usinas.

El proyecto de presupuesto también incluye un aporte de 567 millones de pesos para la terminación de Atucha II, que asume el formato de un préstamo a la estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Sin bien legisladores oficialistas como el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Jorge Capitanich, aseguran que cuando la usina nuclear esté generando tendrá los recursos suficientes para repagar ese crédito, hay quienes ponen en duda la posibilidad de que el dinero sea devuelto y lo interpretan simplemente como una subvención.

Lo que sin duda tiene el carácter de subsidio son los 450 millones de pesos que recibirá Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista. A través de ella, el Estado refuerza con fondos propios las tarifas que cobran los generadores, hoy contenidas debido al congelamiento que tiene el precio de la electricidad para los usuarios, hacia el final de la cadena. Aquí un subsidio liso y llano que asumió una fórmula bastante original. Ese dinero público no va directo al bolsillo de las generadoras de electricidad sino que se empleará para la construcción de dos centrales de ciclo combinado en plena licitación. Estas nuevas centrales serán propiedad de aquellas empresas acreedoras, destinatarias originales del subsidio.

Estos tres conceptos, que suman los 1367 millones de pesos consignados arriba, no agotan el esfuerzo fiscal orientado al área energética. Es el Estado el que le compra y seguirá comprando a la administración de Evo Morales el gas a 5 dólares el millón de BTU –valor muy superior al que perciben los productores locales y que será ajustado a partir de enero según una canasta de combustible en discusión–, erogación que se compensa en parte con un tributo sobre las exportaciones a Chile.

Aunque en una proporción menor al resto de los aportantes, el ministerio de De Vido también contribuye a los fondos fiduciarios integrados para ampliar la capacidad de los gasoductos, con la esperanza de recuperar ese dinero a través de un cargo que pagan grandes usuarios.

En todos los casos el justificativo para realizar ese esfuerzo fiscal es siempre el mismo: evitar una crisis de envergadura porque la energía producida o la infraestructura para transportarla no es suficiente y los inversores privados no están dispuestos a subsanar ese déficit con recursos propios.