Voceros del Ministerio de Economía confirmaron ayer que el Palacio de Hacienda está “imaginando un mecanismo gradual de ajuste de las tarifas públicas, combinado con otras variables”. De acuerdo con lo informado por representantes del gobierno a altos directivos de las empresas concesionarias, los aumentos de tarifas se definirían –y se darían a conocer– antes del 20 de este mes. Aunque desde Economía se asegura que “no hay nada definido”, Página/12 pudo saber que los porcentajes del ajuste que se aplicará este mes oscilan entre el 3 y el 8 por ciento en la electricidad, el gas y probablemente en los teléfonos, y luego se pasaría a un régimen de incrementos complementarios cada dos o tres meses.
Una de las variantes analizadas es la de ampliación de los plazos de concesión, aunque su aplicación sólo quedaría limitada al caso de los contratos de rutas con peaje. En cambio, en el caso de los servicios de agua potable y tratamiento cloacal (Aguas Argentinas), se está pensando en suspender ciertas obligaciones de inversión a cambio de mantener fijas las tarifas en el corto plazo. “No hay posibilidad de renegociar los contratos en el corto plazo, y menos desde un gobierno de transición”, se sinceró una alta fuente oficial consultada por este diario.
La Comisión Renegociadora –que funciona en el ámbito de Economía y es presidida por el propio ministro– concluyó la semana pasada una serie de reuniones con representantes de las empresas licenciatarias de los servicios públicos privatizados, las que ya habían presentado sus respectivas propuestas de recomposición tarifaria, en el marco de las reglas fijadas por la Ley de Emergencia económica posdevaluación del peso, aprobada en enero último. La cuestión de la actualización de estas tarifas será además tema de análisis a partir de hoy entre funcionarios del Gobierno y los integrantes de una misión técnica del Banco Mundial.