Fueron dos reuniones, pero con un mismo tema. La misión de técnicos del Fondo Monetario se reunió con funcionarios del Banco Central, mientras que en paralelo los especialistas del Banco Mundial, recién arribados, tomaban contacto con técnicos del Ministerio de Economía. En ambos encuentros predominó una misma preocupación: el mecanismo para frenar los amparos judiciales, los que están provocando un incesante drenaje al sistema financiero. Según coincidieron tanto los visitantes como los locales, la solución podría venir de la mano de la Corte Suprema de Justicia. Ya fueron lanzadas las primeras líneas para mantener contactos de primer nivel con los ministros del Alto Tribunal.
El tema de los amparos volvió a despertar preocupación en el Gobierno durante el mes pasado. En junio se fueron de los bancos un total de 1008 millones de pesos por orden de los jueces, un 25 por ciento más que el promedio de los meses anteriores. Frente a este panorama, Aldo Pignanelli, presidente del Banco Central, recibió la advertencia del Fondo en su visita a Basilea. Según los técnicos, los amparos podrían presionar sobre el tipo de cambio y arrastrar a la economía hacia una hiperinflación, por vía del impacto de un dólar más caro sobre los precios internos. Los mismos argumentos fueron escuchados ayer por funcionarios del BCRA y por Leonardo Madcur, subsecretario de Financiamiento.
Pidiendo reserva de sus identidades, distintos funcionarios confirmaron a Página/12 la existencia de un acercamiento del Ejecutivo con la Corte Suprema para lograr que una acordada del máximo tribunal legitime el corralito. Anteayer, los magistrados Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor visitaron la quinta de Olivos. Allí dialogaron con Eduardo Duhalde y con el ministro Lavagna. La versión oficial señaló que el motivo de la visita fue el brindis por el Día de la Independencia, pero también trascendió que en la conversación no faltaron menciones a la cuestión de los amparos.
El Gobierno espera que un fallo favorable de la Corte desacelere la fuga de dinero de los depósitos que quedaron reprogramados. Sin los amparos, los reclamos de los ahorristas se limitarían a los procedimientos judiciales ordinarios, más dilatados en el tiempo. “Nuestra apuesta es que la gente se vea desalentada de accionar en la Justicia”, se sinceró un funcionario en diálogo con este diario.
El tema de los amparos aparece como el más urgente, pero no el único ni el más importante que analizarán las misiones del FMI y del Banco Mundial durante su estadía en el país. Junto a una comisión mixta de Economía y el BCRA, deberán empezar a definir el organigrama para reestructurar el sistema financiero. En el Central creen que la reforma comenzará la próxima semana, una vez conocido el nivel de adhesión al Plan Bonos. El Gobierno, el Central y el FMI tendrán que consensuar sobre varios aspectos:
- La puesta en funcionamiento de un hospital de bancos para dedicarse a las entidades en problemas.
- El rol de la banca pública. El FMI propone que en el futuro se pongan límites a su operatoria.
- Asistencia a los bancos con problemas. Deberá cuantificarse la ayuda y definir cuáles entidades atender y cuáles dejar caer. Es sabido que en el BCRA piensan que debe impedirse la quiebra de bancos. En Economía serán muy exigentes con la banca extranjera, a la que obligarán a capitalizar sus filiales si pretenden quedarse en la Argentina. El plan monetario prevé un auxilio oficial por 7100 millones de pesos hasta fin de año.
- Indemnidad. Todavía no está definido si la Superintendencia de Entidades Financieras se escindirá o no del Banco Central. De esta determinación dependería si el pedido al Congreso de darle inmunidad a los funcionarios que trabajen en la reestructuración bancaria incluye al directorio del BCRA o sólo a la Superintendencia. Por ahora, en el Congreso se negaron a otorgarla.