El miércoles 8 de noviembre, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados intentará dar dictamen a un proyecto de ley que crea un marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga. La iniciativa estaba en un cajón hasta que días atrás el Gobierno autorizó que salga de allí para empezar a cobrar vida. Su aparición en escena es producto de la pulseada entre el Poder Ejecutivo y las compañías del sector, que pretenden imponer aumentos de tarifas de hasta el 23 por ciento. Más allá de los avatares de corto plazo, hace años que el Congreso busca fijar reglas a una actividad tan sensible como lucrativa, sin encontrar apoyo político de las autoridades nacionales para llevarlo adelante.

El Estado carece actualmente de elementos tan básicos como un registro obligatorio de prepagas, adonde figure desde el nombre de la empresa hasta quiénes son sus accionistas y cuál es su solvencia patrimonial. Tampoco existen condiciones para la prestación del servicio, salvo que deben cumplir con el Plan Médico Obligatorio (PMO). Pero ninguna regulación les impide dejar sin cobertura a una persona que cumple 65 años o aumentar las tarifas sin previa autorización o rechazar clientes por arrastrar alguna enfermedad.

Algunos de los proyectos de ley fueron vencidos por el tiempo, pero hay seis que todavía conservan estado parlamentario. Uno de ellos, de la senadora menemista Mercedes Oviedo, perderá esa condición a fin de año. Es la iniciativa que llegó más lejos, ya que obtuvo media sanción de la Cámara alta. Sin embargo, la propuesta quedó trabada en Diputados porque la mayoría de los legisladores de las comisiones de Salud y Defensa del Consumidor la consideraron demasiado concesiva. Las prepagas, por ejemplo, quedaban autorizadas a brindar coberturas parciales, sin cumplir siquiera los requisitos del PMO. Tampoco había exigencias de solvencia patrimonial, ni de inscripción en un registro público.

Los proyectos con chances de prosperar, al menos en Diputados, pertenecen a Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso, ambas del Frente para la Victoria, y al arista Eduardo Macaluse. Sus propuestas coinciden en el espíritu regulador y en varios instrumentos, y son la base de la iniciativa que se buscará consensuar para emitir dictamen en la Comisión de Salud en dos semanas. También se tomarían elementos del proyecto del diputado Miguel Bonasso, quien define en 17 artículos cómo deben ser los contratos entre prepagas y afiliados, qué cláusulas son inadmisibles por “abusivas” y cuáles son las condiciones de rescisión.

Los otros dos proyectos en danza fueron presentados por el radical pampeano Claudio Pérez Martínez, quien sólo plantea que las prepagas no puedan rechazar afiliados por razones de edad o enfermedades preexistentes, y el justicialista Alfredo Atanasof, que pide que el Congreso le ordene al Poder Ejecutivo que establezca un marco regulatorio para las prepagas.

El corazón del proyecto de Vaca Narvaja y Rosso es la creación de una comisión de regulación permanente, integrada por la Superintendencia de Salud y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que tendrá entre sus funciones autorizar o rechazar incrementos en las cuotas que pagan los afiliados. En el esquema de Macaluse, esa tarea la cumplirá un Instituto Regulador de las Prepagas que sólo dependerá de Salud, pero que tendrá una comisión permanente de usuarios integrada por las asociaciones de consumidores.

En ambos casos, se instrumenta un registro obligatorio de empresas de medicina, ante el cual las compañías deben presentar regularmente información sobre sus estados contables, la composición societaria y los tipos de contrato que firman con sus clientes. Las diputadas, además, exigen que las empresas integren una garantía equivalente al 50 por ciento del promedio de su facturación en un año para asegurar la continuidad de la cobertura frente a situaciones imprevistas.

Otro punto importante es que las prepagas son consideradas como integrantes de un sistema de salud. Esto determina que en caso de quiebra de alguna de ellas, sus afiliados serán redistribuidos entre las demás. En cuanto a la edad, no se admiten aumentos de tarifas cuando el afiliado cumple 65 años si tiene más de diez años de antigüedad en la empresa. Ninguno de los proyectos acepta que una persona sea rechazada como cliente por enfermedades preexistentes, aunque Vaca Narvaja y Rosso contemplan tarifas diferenciadas para esos casos. Finalmente, la muerte del titular no implica la caducidad de derechos para el grupo familiar. Son, en definitiva, derechos elementales de los consumidores que hoy no están protegidos.