“Tenemos herramientas legales para obligar a las prepagas a moderar los aumentos”, enfatizó un encumbrado funcionario ante Página/12, confiado en que finalmente las empresas entrarán en razones. Pero si no lo hacen, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor es el instrumento que el Gobierno dice estar dispuesto a utilizar para forzar a las compañías a limitar las subas. Esa norma las obliga a proveer “información veraz, suficiente y detallada” a sus afiliados frente a cambios en las condiciones contractuales. Y en esta ocasión no habrían cumplido.

Una de las principales prestadoras, por ejemplo, fue denunciada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor por enviar una nota en la que sólo anuncia un ajuste del 18 por ciento a partir del 1º de enero de 2007. Otras, más precavidas, tuvieron en cuenta aquella disposición y remitieron cuadros y estadísticas para justificar los incrementos. Sin embargo, los estudios de costos que encaró Comercio Interior demostrarían que los números están inflados y, en ese caso, la información no sería veraz.

La oficina que comanda Guillermo Moreno tendrá listos esos estudios en el transcurso del próximo mes. Si efectivamente detecta que los aumentos de costos dan para subas de tarifas inferiores a las pretendidas por las prepagas, dictará medidas cautelares para frenarlas. La razón sería que las empresas están en infracción con la ley que ampara a los consumidores.

De todos modos, como ya informó este diario, el secretario de Comercio Interior supone que antes de llegar a ese punto alcanzará un acuerdo con todos los actores que intervienen en la actividad, que redundará en alzas de las cuotas bastante menores al rango de 15 a 23 por ciento anunciado por las prepagas. Especialistas en el tema del ámbito parlamentario no descartan que las prestadoras más grandes hayan jugado cifras tan importantes para negociar incrementos en algún punto intermedio.

Un camino paralelo que recorre Comercio Interior es investigar a las prepagas por posibles maniobras de cartelización. En esa tarea está la Comisión de Defensa de la Competencia. Las averiguaciones surgieron porque cada vez que hay subas en el sector, las firmas más poderosas, que dominan más del 70 por ciento del mercado (SPM, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE), anuncian sus ajustes casi al mismo tiempo y por porcentajes similares. A Moreno, esta investigación le sirve en la mesa de negociaciones, así como la amenaza de regular el sector. Desde la oposición se critica que esas soluciones de fondo sean utilizadas como armas de negociación, en lugar de ser instrumentadas de una vez y para siempre.