La Dirección de Rentas de la provincia de Buenos Aires informó ayer que ya concretó seis mil embargos de cuentas bancarias sobre los más de 87 mil contribuyentes deudores de impuestos, cuyos nombres fueron publicados a mediados de octubre en la página web del organismo. Además, informó que se intimó a más de 30 directores y gerentes de los bancos Itaú y Boston por obstaculizar ese tipo de medidas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 bis del Código Fiscal de la provincia, en caso de que los contribuyentes no cancelen o regularicen sus deudas mediante el plan de pagos que se encuentra vigente, el organismo estará facultado para solicitar el embargo de sus activos financieros. Los embargados hasta ahora son morosos a quienes se les inició juicio entre 2005 y septiembre de 2006, cuyas cuentas bancarias tienen un monto de dinero igual o superior a la deuda tributaria reclamada por Rentas.

Si bien no se dieron mayores detalles sobre los embargos, el listado original de 87 mil morosos que figura en Internet incluye a grandes empresas, hipermercados, countries y particulares que adeudan Ingresos Brutos y el impuesto Inmobiliario. Las empresas que deben este último tributo representan el 60 por ciento, un 30 por ciento corresponde a Ingresos Brutos y otro 10 por ciento a automotrices y embarcaciones.

Por su parte, la intimación a directivos y gerentes bancarios consistió en notificarlos sobre el inicio de acciones civiles y penales en su contra por presunta conducta de desobediencia al fisco, la cual habría sido observada por las autoridades en los trámites de embargo a deudores.

En el texto dirigido a los bancos Itaú y Boston, la Subsecretaría de Ingresos Públicos les advierte que “la postura de ese directorio generará, en perjuicio de la entidad que dirigen, la consecuencia prevista en el artículo 14 bis del Código Fiscal”. Esa norma señala que “las entidades financieras, así como las personas físicas o jurídicas depositas de bienes a embargar, serán responsables en forma solidaria hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiera podido embargar, cuando con conocimiento previo de la medida ordenada hubieran impedido su traba”.

Montoya había advertido hace unos días que iba a denunciar a los funcionarios bancarios “que están poniendo trabas artificiales y dificultades diversas para la concreción de embargos a deudores tributarios en juicio”.