El caso es real. Juan Carlos recibió una revista junto al resumen de su tarjeta de crédito. Creyó que era una atención de la empresa, pero no, resultó que la publicación tenía un costo de 5 pesos. Se negó a pagarlos, porque no había sido él quien pidió la revista sino que se la enviaron sin su consentimiento. Enojado, elevó una protesta, que entró en las redes de la burocracia. Entre tanto, como no pagó los 5 pesos que le habían cargado en la tarjeta, le pasó algo tan inesperado como irritante: apareció como deudor en una central de riesgo crediticio, adonde figuró durante dos años. Juan Carlos, contra lo que cabría imaginar, no es una excepción. Las bases de datos que registran la situación patrimonial, crediticia y financiera de empresas y particulares desbordan ejemplos similares. El Congreso avanza con dos proyectos de ley para dar una amnistía a quienes ingresaron en ellas durante la crisis y para regular su funcionamiento.

Los proyectos obtendrán dictamen favorable de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasado mañana. Y antes de fin de año, conseguirán la media sanción. Así quedó acordado el último martes en una reunión plenaria de ambas comisiones. Se trata del primer intento serio por poner orden en esta actividad, cuyo descontrol afecta a miles y miles de personas.

“Al 31 de marzo de 2006 –consigna una de las iniciativas– casi 2 millones de deudores están clasificados en situación irregular.” En ese universo, abundan situaciones semejantes a la de Juan Carlos.

La principal compañía de riesgo crediticio es la estadounidense Equifax, asociada a Banelco, la red de bancos más importante del país. Esta empresa opera bajo la marca Veraz. En los registros de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia, figura un total de 20 empresas dedicadas a recolectar datos. Nosis, Fidelitas y Decidir son otras de las más importantes.

Varios de los diputados que participaron de la elaboración de los proyectos ya comprobaron que el intento de regulación genera resistencias, pero confían en que lograrán la media sanción antes del final de las sesiones ordinarias. Una razón de peso es que lo impulsan legisladores del oficialismo, en coincidencia con diputados de distintos bloques de la oposición.

La amnistía

En las comisiones antes citadas se tomó la decisión de desdoblar los proyectos, porque uno de ellos busca resolver una situación puntual, y el otro apunta a una regulación integral de las centrales de riesgo. El primero, entonces, consiste en dar una “amnistía” a todos los que figuran en esas bases de datos que hayan ingresado entre el 1º de enero de 2001 y el 10 de diciembre de 2003. De aprobarse la ley, las empresas que brindan los servicios de información crediticia deberán suprimir todos los antecedentes de ese período, que coincide con el plazo de la Ley de Emergencia Productiva, sancionada en medio de la crisis.

El proyecto fue presentado por Graciela Rosso (Frente para la Victoria), con el acompañamiento de diputados de la oposición como Claudio Lozano. La motivación es recuperar a miles de empresas –sobre todo pymes– como sujetos de crédito, que perdieron esa condición a partir del estallido de 2001. “El quiebre económico social produjo una ruptura generalizada de los contratos. Una de sus consecuencias fue el crecimiento generalizado de la morosidad de los créditos, particularmente en el sector industrial”, recuerda la iniciativa. Y agrega un dato contundente: “La mitad de los créditos de la industria se ubicaron en situación de mora”.

Ante ello, el proyecto considera que es injusto que otros sectores de la economía hayan recibido un salvataje –empezando por los bancos, que no pudieron hacer frente a la devolución de los depósitos y obtuvieron el socorro del corralito, más miles de millones de dólares de asistencia del Banco Central– y las pymes, que son el eslabón más débil de la cadena, sigan cargando con las consecuencias de aquella explosión. A la vez, remarca el contrasentido de que el Gobierno promueva el financiamiento a tasas subsidiadas para las compañías más chicas y que muchas de ellas no puedan acceder porque figuran en las centrales de riesgo. Finalmente, advierte que “muchos deudores regularizaron su situación en 2005 y 2006, pero igualmente deben esperar dos años hasta que puedan figurar sin antecedentes”.

Un cuarto argumento es que la regularización de las pymes morosas actuará como un nuevo impulso para la economía. De acuerdo a la ley vigente, las centrales de riesgo crediticio deben excluir de sus listados de morosos a empresas y particulares una vez que se cumplen cinco años de haber dejado impaga una obligación, aun cuando nunca se hayan puesto al día. Es lo que se denomina “el derecho al olvido”. “Hasta los asesinatos prescriben”, indicó, para poner el ejemplo más extremo, el especialista en defensa de los consumidores Roberto Zorzoli. Con el proyecto de Rosso, ese plazo se acortaría, ya que aquellos que cayeron en mora hasta el 10 de diciembre de 2003 no tendrían que esperar hasta diciembre de 2008, sino que sus antecedentes entre 2001 y 2003 desaparecerían de inmediato. Y los que pagaron sus deudas o están anotados en algún plan de refinanciación desde 2005, tampoco deberían aguardar dos años hasta salir de las bases de datos.

La regulación

El segundo proyecto de ley está pensado para casos como el de Juan Carlos. Fija reglas para el funcionamiento de las centrales de riesgo, buscando corregir las deficiencias de la normativa vigente. La reforma de la Constitución de 1994 y la Ley de Hábeas Data establecieron pautas para el manejo privado de datos sobre los ciudadanos. Pero, en la práctica, “no lograron cumplir cabalmente” con el resguardo de derechos individuales, sostiene la iniciativa que elevó Mercedes Marcó del Pont (Frente para la Victoria).

La iniciativa establece que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales concentre la información de las bases de datos de las empresas de riesgo. De ese modo, quien pueda demostrar que figura injustamente como moroso podrá hacer el trámite ante ese organismo, que deberá encargarse de que las empresas lo excluyan de inmediato.

En la actualidad, como se indicó más arriba, esas compañías deben “limpiar” sus listados para sacar a los deudores que hayan caído en situación irregular cinco años antes, incluso si nunca pagaron. En caso de que el moroso haya cancelado su obligación, la exclusión debe hacerse a los dos años, aunque consignando mientras tanto la nueva situación. Sin embargo, en la práctica existen numerosos casos de deudores que figuran más años de los previstos o nunca se aclara que se pusieron al día. Frente a esas situaciones, quien demanda a la central de riesgo generalmente obtiene fallos favorables, pero eso implica un esfuerzo no menor.

El proyecto reduce de dos a un año el plazo en que una persona o empresa puede aparecer en los listados cuando arregla su deuda. Otro punto central es que las centrales de riesgo no podrán ingresar más datos sin antes remitir la información al particular o la firma afectada. De ese modo, éstos podrán notificar si el incumplimiento financiero o crediticio denunciado se debe a “un error, desactualización u otra improcedencia”. El afectado tendrá 10 días hábiles para hacer su descargo y evitar la incorporación del dato si puede demostrar que no corresponde. Así, podrá ejercer su derecho de “defensa previa”.

En otro artículo se determina que los responsables de los bancos de datos deberán incluir la información de las sentencias judiciales cuando éstas se produzcan, no sólo que tal empresa o persona fue demandada. Además, si el fallo es favorable al demandado, la información deberá ser suprimida de su foja de antecedentes en 10 días hábiles. Lo mismo ocurrirá con quienes actúen de garantes, una vez que regularicen las deudas.

“Cuando una persona aparece en una central de riesgo se transforma en un muerto civil. Aunque después pague su deuda e incluso en situaciones en que nunca debió aparecer allí, el solo hecho de figurar lo deja fuera del acceso al crédito bancario”, advirtió Zorzoli. Los proyectos en estudio tienden a restablecer derechos desatendidos.