En vísperas de una nueva Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el juez Norberto Oyarbide desestimó la denuncia de presuntos sobreprecios en contrataciones de Vialidad Nacional con la que Roberto Lavagna alborotó este encuentro hace un año. Poco antes de partir del Gobierno, el ex ministro de Economía acusó a las contratistas de esa dependencia pública de actuar de modo cartelizado, objetando implícitamente a Julio De Vido, responsable máximo del área. Pero el dictamen judicial clausuraría ese vidrioso capítulo, dejando a salvo la honra de los empresarios y funcionarios involucrados. Con este aliciente, los constructores presentarán el próximo miércoles un optimista trabajo sobre las posibilidades de que Argentina duplique su PBI en la próxima década, con la consiguiente explosión en infraestructura, que demandaría unos 300 mil millones de dólares en ese lapso.

Lavagna aludió al cartel poco después que Defensa de la Competencia, dependencia bajo su órbita, iniciara a instancias de él un trabajo para constatar tal fenómeno. Pero ese organismo habría concluido que no había evidencia alguna para sostener la sospecha, que los empresarios descalificaban públicamente con dos argumentos para justificar la carestía en contratos públicos: 1) que había una distancia temporal entre la convocatoria a licitación pública y el momento de la contratación, lapso en el que se disparaban los precios; 2) que había más trabajo que empresas en condiciones de asumirlos.

Pero mientras Economía intentaba formalmente despejar dudas, un particular hizo la denuncia judicial en base a los dichos públicos de Lavagna. Este trámite fue descalificado en primera instancia por falta de elementos y sólo se revitalizaría con una eventual apelación.

Por ahora, los constructores centraron su atención en la buena performance de su negocio, tan alentado por la creciente inversión pública como por la privada, que hoy representa un 80 por ciento del total. En esta Convención no se hablará de ningún gran plan, sino que habría una “descripción de desafíos” sintetizados en un trabajo donde se plantea como hipótesis que Argentina puede crecer un 5 por ciento anual en los próximos diez años. En tal caso, el nivel de inversión no puede bajar del 22 por ciento del PBI que en esa década se duplicaría.

Una de las claves para sostener esa bonanza en el sector de la construcción es conseguir los millonarios recursos. Para esto, los empresarios siguen postulando que las AFJP aporten financiamiento, tanto para la construcción de viviendas como para obras de infraestructura, incluida la energética. Aldo Roggio señaló una cuestión neurálgica en este segmento del negocio: “Si se respeta un sendero de precios (es decir, si hay un aumento de tarifas de servicios de energía), habrá inversiones importantes”, se entusiasma.

Hoy las condiciones para el sector son más que auspiciosas. Este año la construcción crecerá un 20 por ciento, lo que impulsó el consumo de cemento per cápita a un record de 240 kilos por habitantes. Algo a lo que Gregorio Chodos alude como un “veranito”, pero que para los académicos ligados a la CAC es mucho más que una cuestión coyuntural.

Para el futuro, la gran apuesta está centrada en el rubro viviendas, que hoy representa la mitad la inversión privada. Pero básicamente la del sector medio, que no tiene dinero para la compra al contado y que, al mismo tiempo, está fuera del mercado de crédito. En este segmento hay un déficit que los constructores calculan entre 300 y 400 mil familias, gran demanda insatisfecha que ven como seductor potencial de negocios.

La cuestión es hasta dónde este boom seguirá catapultando los precios. Luego de una discusión con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, los proveedores se comprometerían a no encarecer los insumos más de 8 por ciento el año próximo, contra más del 16 de ajuste de éste. En abril se abren paritarias. Pero hasta entonces no habrá discusión salarial, en la medida que la inflación esté por debajo del 15 por ciento. Cuando son contratistas públicos, los constructores tienen su propio paraguas: si sus costos suben por encima del 10 por ciento, automáticamente se redeterminan los valores de su contrato. Privilegio conseguido en plena emergencia económica.