Más de 150 inspectores de la AFIP, junto con personal policial, realizaron ayer operativos en distintas zonas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la megacausa que investiga la utilización de facturas truchas por parte de las mayores empresas del país.

La causa, abierta en noviembre de 2005 a partir de una denuncia de la AFIP, está radicada en el Juzgado Número 1 en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart. Por ahora hay dos personas detenidas (Adrián López y Félix Hernández) y once procesados por presunta asociación ilícita.

Los procedimientos ordenados ayer por el juez forman parte de las investigaciones llevadas adelante en la “causa Di Biase”, que involucra a las empresas Caliban e Infinity, proveedoras de facturas apócrifas a empresas de primera línea.

Caliban era una empresa fantasma, constituida por abogados, contadores y otros profesionales, que luego cambió su nombre por el de Infinity Group. Según las actuaciones judiciales, más de 400 empresas, entre ellas bancos, supermercados y firmas de servicios públicos, les “compraban” facturas a esas firmas por servicios jamás brindados, con lo cual no sólo generaban créditos fiscales de IVA sino que además inflaban costos y reducían el pago del impuesto a las Ganancias.

Legalmente, Caliban e Infinity Group estaban dedicadas a operaciones de importación y exportación, y fueron consideradas por los investigadores como una de las mayores “usinas de facturas truchas” de los últimos tiempos.

Desde que la AFIP radicó la denuncia ante la Justicia se llevan realizados cerca de 300 allanamientos, de acuerdo con lo informado por las fuentes del organismo recaudador.

En realidad, la megacausa de las facturas truchas se divide en dos partes, y, de continuar las pesquisas, podrían aparecer involucrados algunos de los principales ejecutivos de empresas privadas del país. De hecho, desde la AFIP resaltan el dato de que en los últimos meses, un selecto grupo de grandes compañías –desde bancos hasta concesionarios de servicios públicos– aceptó “voluntariamente” pagar más de 60 millones de pesos en ajustes impositivos realizados por el ente recaudador admitiendo la utilización de facturas indebidas. El descargo de las empresas es que desconocían que las facturas ingresadas a su contabilidad eran apócrifas. Pero del centenar de escuchas telefónicas ordenadas por el juzgado surge claramente el “modus operandi” de la compra de facturas para pagar menos impuestos. El reconocimiento de la deuda fiscal por parte de las compañías no extingue la causa penal que avanza de la mano de López Biscayart. Otra de las líneas de investigación del juzgado sería determinar si en el caso de los concesionarios de servicios públicos esas facturas fueron utilizadas para esconder el pago de “comisiones” a funcionarios.