Cuando aún no comenzó siquiera a distenderse la relación con los ruralistas tras el paro de nueve días, en gran medida fundado en el ánimo de rechazar la intervención estatal en este mercado, el Gobierno reafirmó su estrategia de controlar la inflación sugiriendo precios. A instancias de la secretaría de Comercio Interior, el Mercado Central de Buenos Aires comenzó a publicar el listado de valores mayoristas de los productos que se comercializan en ese predio.

Se trata de una nómina que será actualizada semanalmente y que, según la intención oficial, debería servir para guiar a los consumidores minoristas a la hora de hacer sus compras. Estos tendrían, de ahora en más, elementos para cotejar aquellos valores con los del minorista e inferir si lo que se les cobra es correcto. Claro que para esa tarea es necesario incluir en el cómputo el margen de comercialización de los verduleros, que oficiosamente se estima entre 40 y 50 por ciento.

En la extensa planilla del Mercado figura información muy detallada, incluyendo los números de los diferentes pabellones, sus módulos, los listados de frutas y verduras, su calidad, tamaño, presentación y, por supuesto, el precio. “Señor minorista: si compra bien y vende al mejor precio, ganamos todos”, es el lema que encabeza el listado oficial, cuyo verdadero afán no es otro que limitar la imposición de aquel margen para controlar los valores finales de aquellos productos frescos.

En alguna medida se trata de una versión diferente de la misma herramienta que el Gobierno está utilizando para controlar la comercialización de la carne en los mercados mayoristas como Liniers a través de la imposición de los precios de referencia. Una estrategia que exasperó el ánimo de los hombres de campo, tanto como otras formas de intervención estatal en el sector, que ayer fueron expresamente denostadas por Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural Argentina.

“Se hablaba de ir a una mayor apertura y de repente se propuso un retroceso, con idas y vueltas, marchas y contramarchas, intervenciones y regulaciones que resultaron inaceptables para el sector”, se quejó el ruralista, al fundamentar el mal ánimo que llevó a instrumentar una medida de fuerza como el paro de nueve días que terminó el lunes. Las razones de disgusto son varias.

A los precios de referencia para el ganado se sumaron otras decisiones, como la modificación de los precios FOB para el trigo, base para calcular las retenciones que acaban de subirse; el cierre del registro de exportadores de maíz o el amague de volver a recortar las ventas externas de carnes, una de las intervenciones oficiales que resultaron más exasperantes para los ruralistas.