Si hay que creer en las soluciones que plantean economistas profesionales y ejecutivos de empresas para ciertas situaciones críticas que se registran en mercados sensibles, la cuestión se presentaría muy sencilla. Los problemas que hacen saltar la térmica disminuirían con la inodora, insípida e incolora medida de subir los precios. Si hay cortes, elevar las tarifas; si existe deficiencia en la oferta de carne, incrementar los precios para disminuir la demanda interna; si el trigo en el mercado internacional se dispara arrastrando el valor en la plaza doméstica de la harina y el pan, ajustar los precios; si aumentan los costos, por ejemplo, por la recuperación de los salarios pulverizados por la megadevaluación, trasladar ese ajuste a los precios finales de los productos; si bajan las reservas de petróleo, subir las naftas para incentivar las inversiones. Todo se alinearía con retoques en los precios. ¿No es demasiada simple, para ser eficaz, esa solución? El mercado es el mejor asignador de recursos y el más eficiente para la determinación de los precios cuando existe competencia perfecta y, por lo tanto, absoluta transparencia. Como se sabe, el mercado perfecto es una excelente abstracción teórica para la elaboración de modelos económicos de laboratorio. Y también una útil herramienta para comprender el funcionamiento de la economía en estado puro. Sin embargo, aunque algunos se empecinen en negarlo, la economía argentina –del mismo modo que las de otros países– no se desarrolla en mercados perfectos. Cinco elementos, entre otros, la caracterizan en la dinámica de la formación de los precios:

1. La orientación del comercio exterior –las principales exportaciones son bienes salarios– que implica una marcada influencia del tipo de cambio nominal y de los precios internacionales sobre la inflación doméstica de la canasta básica.

2. La presencia de oligopolios en la formación de precios por encima del de equilibrio.

3. La escasa transparencia en diversas cadenas de valor que distorsionan el proceso sectorial de asignación de la renta generada.

4. La significativa extranjerización de la estructura productiva que estimula el alineamiento de los precios domésticos a los vigentes en el mercado internacional.

5. La debilidad de los mecanismos de defensa de la competencia para preservar al consumidor y a los eslabones débiles del circuito productivo y comercial.

Frente a ese escenario, que encierra una complejidad mayúscula, dejar al mercado librado a sus propias fuerzas es condenar a los más débiles a padecer la impunidad del poderoso. En otras palabras, ganancias extraordinarias para unos pocos con ingresos depreciados para la mayoría. Pese al consenso mediático y a la opinión preponderante en contra, el Estado tiene que intervenir para ordenar un poco ese cuadro. En sí, para suavizar los efectos de esos desequilibrios. Es lo que hacen todos los países exitosos que el establishment insiste en que hay que observar para aprender de su experiencia. A su modo dicen lo mismo los economistas del Plan Fénix-Proyecto estratégico de la Universidad de Buenos Aires en La inclusión social, el bienestar y la educación: imperativos para el desarrollo. Plan 2006-2010, presentado a mitad de semana en la Facultad de Ciencias Económicas. “No hay experiencia exitosa de desarrollo en el mundo donde el Estado no haya tenido un papel de relevancia y donde éste no haya sido reconstituido para llevar a cabo dicha misión”, expusieron en el documento coordinado por Abraham L. Gak. Para agregar que “los mecanismos de mercado no aseguran el éxito en el camino del crecimiento con equidad, y la instrumentación de políticas estatales complejas requiere el desarrollo sistemático de competencias funcionales que se adecuen a las nuevas condiciones del contexto”.

Esa declaración de principios, base de la construcción de una política integral, incluye la necesaria intervención del Estado en el tema de los precios. En estas semanas donde el debate por la inflación ha subido de temperatura, la claridad del objetivo es fundamental para no quedar atrapados en las trampas de los discursos dominantes. Ante el indudable triunfo del secretario de Comercio Interior de terminar el año con un dígito estadístico, no queda claro si las críticas a su accionar es, precisamente, por su éxito o por su resistido estilo de negociación. Esto último es una frivolidad. Entonces, lo que en realidad incomoda es la intervención del Estado en la formación de precios, que no es lo mismo que control de precios. Parece lo mismo una y otra estrategia pero hay una sutileza que no es menor. El control implica la fijación de precios en base a un estudio de costos empresarios y el seguimiento posterior en la cadena minorista, con una estructura estatal de técnicos profesionales abocados a esa misión. Se determinan valores en todos los eslabones de la cadena hasta el precio final. En concreto, esto no se hace más allá de algunas similitudes en el procedimiento. Lo que existe es un objetivo de un índice de un dígito y se opera en todos los sectores sensibles para alcanzarlo, con herramientas más o menos torpes. El esquema-marco es una intervención en la formación de precios monitoreando la tasa de ganancia de las empresas, que como se puede apreciar en los balances de las compañías sigue gozando de excelente salud. Interviene el Estado para descender un escalón la hiperrentabilidad y ubicarla en niveles muy elevados y, de ese modo, evitar la exacerbación del conflicto social y gremial por la puja distributiva. No se desata la espiral inflación-salarios con los conocidos efectos de desestabilización política. Lo que existe con los “modales Moreno”, en definitiva, es control del conflicto social-sindical y no control de precios.

A esta altura, con vista al 2007, se empezó a plantear el repliegue de esa intervención estatal. La ministra Felisa Miceli alienta la idea de que los actuales acuerdos se van a ir desarmando. Los empresarios apuestan a que podrán ajustar precios a su antojo después de las elecciones presidenciales. Y los economistas de siempre hablan de inflación reprimida o de dos inflaciones. Durante la década del 90, el Estado también intervenía en la formación de precios: la apertura importadora actuaba de disciplinador de la producción interna con la consecuente destrucción de industrias y puestos de trabajo. También lo hizo con las tarifas, por caso con el rebalanceo telefónico, que implicó utilidades extraordinarias para las dos compañías monopólicas a costa de los bolsillos de los consumidores. En esos años de profunda distorsión de precios relativos, con preeminencia de los servicios sobre bienes industriales, no se exponía ese absurdo de las dos inflaciones. En una y en otra experiencia, el Estado opera sobre el esquema de precios de la economía con un objetivo de política de ingresos, con una orientación diferente en uno y en otro caso.

Para adelante el camino a transitar no es con un esquema “menos Moreno”, sino con uno “más técnico, más preciso” descontaminado de vicios de personalismo, necesarios para un momento pero perjudicial para una etapa que se requiere de una intervención profesional. En otras palabras, los investigadores Mariano Borzel y Esteban Kiper afirman que “la necesidad de contemplar las lógicas de formación de precios a escala sectorial facilitará la aplicación de instrumentos que –pensados para el corto y el largo plazo– apunten a corregir o, al menos, morigerar algunos de los desequilibrios que habitualmente brotan en la esfera sectorial”. En el reciente documento de trabajo Estructura productiva y determinación de precios: un abordaje sectorial (2002-2005), esa dupla de expertos del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), critican a la ortodoxia que insiste con la expansión monetaria y el incremento de la demanda agregada como el determinante de la suba de precios, precisando que “la evolución de los agregados macroeconómicos per se no resultan suficientes para dar cuenta de ciertos aspectos relevantes vinculados a la temática de precios”. Resaltan que existen rasgos específicos que caracterizan a los distintos sectores de la producción y que inciden decididamente (aunque no en forma excluyente) en la lógica de formación de los precios de los respectivos productos.

Borzel y Kiper insisten en que “una adecuada interpretación de las dinámicas sectoriales, y de la interacción entre estos procesos y la evolución de las variables macro, permitirá elegir de forma adecuada el instrumento más útil para influir sobre el sendero de precios, evitando sacrificar de manera innecesaria otros objetivos de política”. Cefid-Ar es una craneoteca cercana a Miceli. Si la ministra está pensando en desarmar los actuales acuerdos de Moreno no debería ser para dejar los precios liberados a las fuerzas del mercado, sino para perfeccionar esa intervención como sugieren esos investigadores. Para ello se requiere de una estructura del Estado “reconstituida para llevar a cabo dicha misión”, como propone el Plan Fénix. Y esa tarea parece ser lo más difícil tanto por las presiones de los sectores involucrados como por las propias deficiencias de la actual gestión.