La compañía aérea de bajo costo Air Madrid suspendió ayer su actividad comercial dejando varados, según informó, a 130 mil pasajeros en América latina y Europa. Al comunicar su decisión acusó al gobierno español de haber “destruido” su imagen comercial provocándole “una gravísima crisis de todo orden, que le impide desarrollar su actividad”. En agosto el Ministerio de Fomento de ese país inició una investigación debido a los sucesivos retrasos que venían sufriendo los vuelos de la empresa y esta misma semana comunicó que estaba evaluando retirarle la licencia para operar. Sin embargo, la aerolínea se adelantó al anunció oficial previsto para hoy.

El gobierno español aseguró que pondrá en marcha un operativo de emergencia hasta el 21 de diciembre para atender a los pasajeros varados, especificando que tendrán preferencia los usuarios que regresen a sus países, las personas mayores, los niños y, por último, los que tengan pasajes solamente de ida, a los que no se podrá garantizar su vuelta al punto de partida. El resto de los afectados deberá reclamarle a la compañía, ya que, según afirmaron los funcionarios, la ley española considera estos casos como un tema contractual privado entre la empresa y el pasajero.

Carlos Trelles, gerente de Air Madrid en Argentina, declaró ayer que “sería un hombre feliz si supiera qué va a pasar con los pasajeros. Si el instructivo indica que deben ir a retirar su dinero lo van a tener que hacer, pero todavía no hay instructivo. El que tiene pasaje mañana (por hoy) tiene que ir al aeropuerto y pasado se verá”. En la Secretaría de Transporte informaron a Página/12 que cerca de 600 personas debían viajar hoy a España con Air Madrid. Otros 470 pasajeros que ayer tenían que embarcar hacia Buenos Aires serán transportados hoy en un avión alquilado por el gobierno español. Hasta ayer a la noche la empresa no había comunicado oficialmente cuántos pasajes tenía vendidos, pero se estima que la suspensión perjudica a más de 300 mil personas.

La situación es atípica porque la compañía no declaró la quiebra, por lo menos hasta ayer. Sus directivos aseguran que la aerolínea es rentable y a mediados de semana presentaron un plan para garantizar la puntualidad que incluía la supresión del 20 por ciento de las rutas y rebajas del 50 por ciento para los pasajeros que tuvieran demoras de más de dos horas. Sin embargo, ayer dijeron que la información que dejó trascender el Ministerio de Fomento sobre las posibles sanciones provocó un derrumbe de su facturación. “El nivel de venta de billetes de nuestra compañía ha descendido de forma alarmante. Puede decirse, para que sirva como ejemplo, que en Buenos Aires venían facturándose entre 750 y 1000 billetes diarios, habiéndose reducido en los últimos días a entre cuarenta y cincuenta”, se destaca en el comunicado.

Air Madrid fue fundada en 2003 por nueve accionistas españoles del sector turístico e inmobiliario y el 30 de mayo de 2004 realizó su vuelo inaugural. En diciembre de ese año el grupo hotelero Optursa Management adquirió el 80 por ciento del capital y aportó 70 millones de euros para impulsar la compañía. La última novedad se conoció en noviembre, cuando informaron su intención de salir a la bolsa en el primer semestre de 2007 para incrementar su capital y poder comprar más aviones. Hasta ayer volaba a 37 destinos con una flota que incluía nueve naves propias. Para este año la compañía había proyectado una ganancia de seis millones de euros.

En Argentina comenzó a operar en marzo de 2005 con dos vuelos semanales y rápidamente se expandió ofreciendo pasajes entre 20 y 30 por ciento más económicos que la competencia, lo que le permitió alcanzar una frecuencia de nueve vuelos por semana. El próximo proyecto en el país era lanzar Air Buenos Aires, pero necesitaba socios locales para sortear la legislación que obliga a las compañías de cabotaje a tener un 51 por ciento de capital nacional. Esa exigencia fue modificada el último martes, pero para la empresa parece haber sido tarde.

Demandar a Air Madrid por incumplimiento no será fácil si la compañía decide no devolver el dinero, sobre todo para los argentinos. Los problemas derivados de contratos de transporte aéreo están expresamente excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor. La otra opción son los tribunales locales, pero la empresa no tiene bienes en el país y un juicio en España sería más complicado aún. Aquellos que compraron el ticket por agencia pueden demandar al intermediario pero tampoco es seguro que puedan lograr algún resultado.