El Gobierno elevó ayer por la tarde al Congreso el proyecto de reforma previsional que habilitará el traspaso de la jubilación privada a la estatal por un período de 180 días, con reaperturas posteriores cada cinco años. La medida fue anunciada en Casa de Gobierno por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, luego de reunirse con el presidente Néstor Kirchner y el titular de la Anses, Sergio Massa. El proyecto ingresará al Parlamento por el Senado y en el oficialismo prometen que será tratado este mes, en las sesiones extraordinarias. Una cuestión que aún no había sido explicitada por el Gobierno es que se eleva el límite máximo de la base imponible previsional de 60 a 75 veces el valor del módulo previsional (valuado en 80 pesos). Esto significa que el límite máximo del aporte se elevará de 4800 a 6000 pesos, lo que redundará en un menor ingreso de bolsillo para los trabajadores de mayores salarios.

En la actualidad, 11,3 millones de personas están afiliadas a alguna AFJP, de las cuales 5,9 millones son aportantes regulares. El proyecto les otorga la posibilidad de pasarse al régimen de reparto por primera vez desde que se introdujo la opción de capitalización individual en 1994. Además, quienes se vayan incorporando al mercado de trabajo permanecerán en el sistema estatal, a no ser que opten por el régimen de capitalización. Este es un punto central de la reforma, pues en 2006 apenas el 19 por ciento de los nuevos trabajadores incorporados a las AFJP optó expresamente por ese régimen, mientras que el 81 por ciento restante fueron “indecisos” que se repartieron por sorteo entre las tres administradoras que cobraban la menor comisión.

Una vez que la norma sea sancionada y reglamentada, los afiliados a las AFJP tendrán 180 días para decidir su traspaso a reparto. Mientras que los que ingresen al mercado laboral por primera vez tendrán 90 días para elegir antes de ser asignados de manera automática al Estado. En el proyecto se aclara además que los afiliados podrán optar “por cambiar el régimen al cual están afiliados una vez cada cinco años, en las condiciones que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo”.

La elección se podrá realizar por última vez a los 50 años en el caso de las mujeres y de 55 años en el caso de los hombres, diez años antes de cumplir la edad requerida para acceder a la jubilación. Además, aquellos trabajadores que al superar esa edad no tengan dinero suficiente en su cuenta para asegurarse el cobro de una jubilación mínima serán transferidos al Estado a no ser que manifiesten expresamente su voluntad de permanecer en su AFJP.

El proyecto también limita el monto de la comisión que cobra la administradora al 1 por ciento del salario. En la actualidad, estaban cobrando 2,5 por ciento en promedio, pero esa cifra incluía el 1,4 por ciento correspondiente al seguro que ahora será cubierto por un sistema mutualizado entre las administradoras a un costo todavía no definido, aunque en el Gobierno aseguran que será menor. Si se comparan solamente los gastos promedio de las administradoras, el costo bajará de 1,1 a 1 por ciento aproximadamente.

A su vez, las AFJP estarán obligadas a invertir entre el 5 y el 20 por ciento de sus activos en títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos u otros títulos representativos de deudas cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura de mediano y largo plazo. Ahora no estaban obligadas a destinar ningún porcentaje a financiar la inversión productiva, pero el 4 por ciento de su cartera se destinaba en promedio a ese fin. Por lo tanto, lo que hace la norma es obligarlas a destinar, por lo menos, un punto más.

La Unión de Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones manifestó ayer, a través de un comunicado, que “apoya todo cambio que sea en beneficio de los afiliados y consolide a ambos subsistemas, generando un SIJP superior, siempre y cuando se respeten valores y condiciones claves que hacen al correcto y efectivo funcionamiento de las AFJP”. Por su parte, Tomada remarcó que el proyecto “revierte la lógica del sistema”, porque ahora el Estado será el garante de la jubilación.