Algo muy fuerte, pero no expresado, debe haber cambiado en la perspectiva de los productores rurales para que cambiara tan diametralmente el clima del vínculo con el gobierno nacional. De la críticas sin eufemismos se pasó a los llamados al diálogo y a la comprensión. Del lado del Gobierno también hubo una mutación en la mirada hacia el sector, abandonando la anterior descalificación de los reclamos para pasar a la invocación a “superar los desencuentros” y el reconocimiento de que “algo habremos hecho mal” para llegar adonde se llegó en el conflicto. Una hipótesis es que, desde ambos bandos, se comprendió que el conflicto había entrado en un callejón sin salida. Bajados los decibeles, ahora todos apuestan a las mismas cartas: encontrar una solución pronta a los problemas en los mercados de la carne, el maíz y el trigo, y una salida para los deudores agropecuarios del Banco Nación. El viernes habrá un nuevo encuentro, con Alberto Fernández a la cabeza, y por lo menos en dos de estos cuatro puntos habrá medidas concretas para satisfacer la demanda de los productores.

Tras la reunión en Casa de Gobierno del jueves último se pudieron escuchar expresiones impensadas hasta una semana atrás. “No queremos que el precio internacional se traslade al consumo, es prioritario evitar el aumento en los productos de la canasta básica de alimentos de la población”, señalaron con convicción dirigentes de Confederaciones Rurales, en la misma tribuna desde donde meses atrás se acusaba de “intervencionismo extremo” al Gobierno por “meter mano en los precios que define el mercado”, y recomendaban seguir el ejemplo de otros países que “lo que más vale primero se exporta, y el consumo interno se conforma con los alimentos baratos o con el excedente”.

Lo curioso es que el Gobierno no ha formulado ningún cambio a su anterior política agropecuaria, aunque es evidente el cambio de lenguaje para transmitirla. El punto central de esta mutación no es la remoción de Miguel Campos, un discriminado por las entidades, sino que Alberto Fernández se haya puesto al frente de las negociaciones. Casi ningún dirigente que habló en estos días dejó de destacar el hecho, como si se tratara de una valoración y reconocimiento al sector que estaban esperando.

Otro signo de esta nueva relación es que la prudencia reemplazó al ultimátum. “Hay que ir buscando las soluciones de a poco”, se le oyó decir a Luciano Miguens, titular de Sociedad Rural, este fin de semana. En la mesa de negociación, las cuatro entidades aceptaron dar prioridad al “mantenimiento a rajatabla” del congelamiento de precios para los doce cortes “populares” de carne vacuna e ir conversando sobre las formas de aliento al productor ganadero, necesariamente de mediano plazo, como resultan en los efectos los incentivos fiscales y subsidios a la inversión. Las mismas propuestas que ahora reformulará el Gobierno ya fueron presentadas el año pasado y prácticamente pasaron ignoradas frente a las entidades.

Pero hay otro punto en relación con la carne en el que el Gobierno se verá impelido a ceder para posibilitar que las negociaciones avancen: la presión de la Secretaría de Comercio Interior sobre el Mercado de Liniers, imponiéndole de hecho precios máximos a la hacienda. El sábado, en un plenario de asociaciones rurales de toda la provincia de Buenos Aires, en Coronel Vidal, se emitió un documento en el que se señala que “es importante entender que la prepotencia y el ilegal proceder de algunos funcionarios no ayudan a la normalización de los mercados”. Y reclaman a sus dirigentes “que busquen a la brevedad soluciones concretas al irregular comercio de trigo y de carnes”. Estaban allí, para presenciar el debate y recibir el mandato, dirigentes de Carbap, Sociedad Rural y Federación Agraria. La presión que se practica sobre Liniers se ha vuelto más antipática que efectiva, en la medida en que el compromiso de mantener el precio de los cortes baratos se obtenga por otros métodos. Su abandono podría ser uno de los primeros pasos que surjan como solución consensuada de la reunión del próximo viernes.

En cuanto al mercado del trigo, el gobierno nacional tiene la solución, pero no logró implementarla. La decisión de subsidiar a los molinos harineros para que no trasladen al mercado interno el mayor precio del trigo, pero reconozcan el equivalente al precio internacional cuando les compren a los productores, no está funcionado. La diferencia es de más de 100 pesos (25 por ciento del precio) y mientras unos sospechan de los exportadores, otros, como Eduardo Buzzi (FAA), les apuntan a los principales molinos que trabajan para la plaza local, “que se han cartelizado para fijar el precio”. El mercado está paralizado y en el Ministerio de Economía trabajan contrarreloj para poder presentar la solución el viernes. Podría ser el segundo punto de acuerdo.

Si, además, aparece sobre la mesa el viernes próximo alguna idea que ayude a bajar la angustia de los productores con sus campos hipotecados en el Banco Nación, está asegurada la continuidad del buen clima de la relación. El Gobierno quiere abonar la tierra para tener una buena cosecha, desde el punto de vista político, en un año signado por las elecciones presidenciales. No es que el conflicto del campo le pusiera en duda sus chances, pero metía ruido. Y mucho.