Los afiliados a las AFJP desencantados con el régimen de jubilación privada podrán abandonarlo a partir del 17 de abril. Desde ese día y hasta el 31 de diciembre estará abierta la opción por el sistema público de reparto. La Anses maneja esa fecha como la más probable para habilitar el traspaso, dado que de allí a fin de año hay 180 días hábiles, el plazo estipulado por la ley para permitir el cambio. El organismo que conduce Sergio Massa ya trabaja en la reglamentación de la reforma que acaba de aprobar el Congreso. Una decisión fundamental, relacionada con lo anterior, es que a partir del 1º de enero de 2008 se unificarán los aportes previsionales en 11 por ciento. En la actualidad, el descuento jubilatorio a los afiliados a las AFJP es del 7 por ciento del salario.

El organismo de la seguridad social está diseñando un mecanismo sencillo para realizar la opción, a través de Internet. El único trámite que demandaría el traslado a una dependencia oficial es la certificación de la firma, que dará validez legal y confirmará el acto de cambio de régimen. En la Anses saben que es importante que la operación sea fácil y rápida, para no ahuyentar a quienes estén interesados en dar el salto. La cuestión operativa es una de las claves del éxito de la reforma.

Las estimaciones respecto de cuánta gente dejaría las AFJP para pasar al régimen estatal son de lo más variadas. Pero existe relativo consenso en que sería más de un millón y medio de personas. De los once millones de anotados en el sistema de capitalización, cerca de un millón son mujeres de 50 años o más y hombres de 55 en adelante que no alcanzaron a acumular en sus cuentas individuales el dinero suficiente como para garantizarse una jubilación mínima a partir del retiro. Todos ellos serán “rescatados” por el Estado, que les pagará el haber mínimo al momento de jubilarse. De por sí, eso ya da un piso elevado de traspasos.

En relación con las personas que se encuentran en esa situación, la Anses deberá aclarar en la reglamentación de la ley qué pasará con ellas si no consiguen reunir 30 años de aportes previsionales, indispensables para convertirse en jubilados. Es un hecho que ya no cobrarán nada por la administradora privada, porque al pasar al reparto también verán transferidos los fondos que ahorraron en sus cuentas. En la actualidad, las AFJP están obligadas a devolver el dinero capitalizado en cuotas de 115 pesos mensuales hasta agotar el saldo, por más que el afiliado no haya accedido a la jubilación. El Estado, entonces, tendría su dinero, pero no el compromiso de reconocerlos como jubilados. Las opciones serían que el Gobierno les exija completar los años de aportes a través de una moratoria previsional, o como sugirió Massa en el Congreso, que cobren la mínima recién a partir de los 70 años, bajo el régimen de pensiones por edad avanzada.

La reforma, por otra parte, trajo una buena noticia para los afiliados al reparto. En el cálculo de su haber se reconocerá 1,5 por ciento por cada año de aportes posterior a 1994. Es la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), que hasta ahora computaba 0,85 por ciento por año del promedio salarial de los últimos diez años. Más allá de tecnicismos, el cambio lo que provoca es un aumento en las futuras jubilaciones otorgadas por el régimen público. Pero también un reajuste en las jubilaciones liquidadas después del ’94 con aportes a ese sistema. En promedio, el aumento para 230.000 personas que se jubilaron de aquel año a la fecha es de 24 pesos. Es lo que surge de reconocer 1,5 por ciento de PAP en lugar de 0,85 por ciento. El costo fiscal sería de 129 millones de pesos al año. La Anses analiza dos mecanismos de ajuste: uno es hacerlo de manera automática y otro requeriría un trámite individual de cada jubilado en esas condiciones.