El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia que suspende por 120 días hábiles la devolución de depósitos ordenada por amparos judiciales. La medida forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía para reordenar el corralito. Tal como informara Página/12, el próximo paso será relanzar el plan de canje voluntario de depósitos por bonos, con alguna ventaja adicional al programa anterior para atraer a más ahorristas. La reapertura de la opción se anunciará en unos días, después de comprobar la efectividad del decreto contra los amparos.
Esta última medida generó una enorme reacción de ahorristas y juristas, que repudiaron el intento del Poder Ejecutivo de trabar la restitución de los depósitos. Distintas asociaciones de clientes bancarios y defensoras de los usuarios anticiparon que acudirán a la Justicia para que el decreto sea declarado inconstitucionalidad (ver aparte). A pesar de la masiva descarga de críticas y acusaciones, el Gobierno obtuvo un guiño favorable de la Justicia. Los jueces en lo contencioso administrativo federal se reunieron ayer por la mañana para evaluar el contenido de la norma y sentar posición. Finalmente, consideraron que a priori el decreto es “jurídicamente válido” y ordenaron la suspensión inmediata de las liquidaciones de amparos. La Corte Suprema, por su parte, avaló a los magistrados.
El decreto no anula los amparos, sino que suspende su ejecución por seis meses. Pasado ese tiempo, los bancos deberán pagar en no más de 30 días hábiles y por orden cronológico las resoluciones judiciales que se hayan acumulado. Esta “solución al problema de los amparos”, como explican el tema en el Palacio de Hacienda, es sólo un intento por ganar tiempo y por frenar la masiva salida de depósitos reprogramados. Economía, el Banco Central, los bancos y el FMI coinciden en que ese drenaje era un problema de máxima gravedad, tanto para el sistema financiero como para la economía. En este último caso, porque había que emitir pesos para cubrir la devolución de los depósitos, y después gastar reservas del BCRA para esterilizar esos mismos pesos. Esa dinámica terminaría provocando una disparada del dólar y de la inflación, o el cierre de bancos, en caso de que se cortaran los redescuentos.
La duda del Gobierno es si el decreto será respetado por los jueces o si habrá numerosas declaraciones de inconstitucionalidad y seguirán las órdenes para liquidar los amparos. Esto se verá a partir de que los magistrados deban fallar frente a los reclamos de los ahorristas. El antecedente es la Ley Tapón, que también procuró alambrar el corralito y terminó drenando por todos lados.
Las interpretaciones sobre lo que ocurrirá son variadas. En el Banco Central dijeron a Página/12 que el decreto “no sirve para nada”. “La Ley Tapón duró dos semanas y después empezaron a declararla inconstitucional y todo siguió como antes e incluso peor”, comentaron cerca de Pignanelli. También dijeron que John Thornton, el jefe de la misión del FMI, opinó que el decreto no es solución para el corralito. A pesar de estar perdiendo la pulseada con Lavagna, en el Central siguen operando en favor de un canje compulsivo de bonos o la re-reprogramación.
En el Palacio de Hacienda confían en que el decreto será efectivo, al menos por varias semanas. De acuerdo a la estrategia del equipo económico, una vez que a los ahorristas les quede claro que el camino judicial es inviable para recuperar sus depósitos aceptarán los bonos que volverán a ofrecerse. Serán los mismos títulos que estuvieron a disposición del público hasta la semana pasada, pero se buscará algún incentivo adicional para que la propuesta sea más tentadora. Podría haber garantías bancarias o reintegro de una parte del depósito en efectivo.
En los considerandos del decreto se explica que los amparos provocaron “una reducción seria y cierta de las reservas federales, que puso enriesgo el cumplimiento de las obligaciones primarias de la Nación”. “La continuidad de las extracciones de fondos y reservas, aunque satisfagan el interés individual, produce una lesión grave e irreparable al interés común prevaleciente y superior a todo los sectores sociales y económicos de la Nación”, agrega.
La norma mantiene vigentes las excepciones en favor de las personas mayores de 75 años o enfermos graves, en cuyos casos la ejecución de las medidas cautelares será tramitada ante el Banco Central –ya no en los bancos donde tenían los depósitos–, que cumplirá con los mandatos judiciales con cargo y por cuenta y orden de las entidades financieras obligadas, dentro de los cinco días hábiles de formulado el requerimiento.