La opinión mayoritaria de abogados y especialistas en derecho constitucional fue contraria a la legitimidad del decreto sancionado ayer por el Poder Ejecutivo, por el cual se suspende la liquidación de los amparos por un período de seis meses. Daniel Sabsay, por caso, sostuvo que la medida “es de una inconstitucionalidad manifiesta”. El letrado afirmó que “implica una interferencia total y absoluta al Poder Judicial”. A pesar de los cuestionamientos, en el Gobierno confían en que ganarán varias semanas hasta que los jueces empiecen a fallar sobre la legalidad del decreto y que para muchos magistrados terminará resultando un freno para conceder amparos.
El ex secretario Legal y Administrativo de Economía, Eduardo Ratti, evaluó en diálogo con Página/12 que “hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión es difícil que medidas de este tipo logren su objetivo”. El ex colaborador de Jorge Remes Lenicov se quejó por la actitud de los jueces que ordenan la restitución de los depósitos, porque “no comprendieron lo que significa la quiebra del Estado y del sistema financiero”. “No toman conciencia de que su actitud nos conduce en una dirección extremadamente riesgosa”, añadió, en referencia a la pérdida de reservas y su consecuente impacto sobre el precio del dólar.
El experto Juan José Guaresti sostuvo que “la única manera de terminar con los amparos es solucionar el tema del corralito y es lo que no se hace”. A su criterio, “el corralito es el ataque más terrible al derecho de propiedad que se ha hecho en mucho tiempo, seguramente el más grande de la historia”. Así, indicó que “pretender suspender la ejecución de las sentencias judiciales mediante un decreto, es verdaderamente lamentable”.
Finalmente, el constitucionalista Gregorio Badeni precisó que “suspender la ejecución de las medidas cautelares es inconstitucional”, porque “se priva a una persona de obtener una garantía que permita el día de mañana hacer efectivo su derecho”. Badeni aclaró que “suspender la ejecución de la sentencia sería constitucional siempre y cuando estuviera acompañado por una compensación económica razonable en función de los meses que una persona no va a poder disponer de su derecho de propiedad”.