El presidente Eduardo
Duhalde salió a defender la validez del decreto que suspendía la ejecución de los amparos contra el corralito y fuera declarado “inconstitucional” por varios jueces. “Estoy absolutamente convencido de su constitucionalidad”, aseguró Duhalde, y confirmó que el Gobierno apelará el fallo, conocido el viernes, de una jueza que, con carácter general, autorizaba a todos los ahorristas a proseguir con el trámite judicial para recuperar sus depósitos. “La Justicia dirá en la Cámara si es constitucional o no”, dijo el Presidente. Así, una vez producida la apelación, el decreto volvería a cobrar vigencia. Sin embargo, se descuenta que la Cámara volvería a anularlo, siguiendo la interpretación de los jueces de primera instancia. Entonces, el ejecutivo sólo podría frenar definitivamente los amparos mediante un fallo de la Corte Suprema, que por ahora parece muy difícil de conseguir para Duhalde. La comisión de expertos extranjeros que estuvo en Buenos Aires entre el lunes y martes pasado, y la misión del Fondo que por esos mismos días se reunió paralelamente con el equipo económico, coincidieron en que frenar los amparos era clave para cerrar el plan monetario, sin que haya un salto en el dólar ni en la inflación. La ecuación es simple: cuanto más dinero salga de los bancos, más tendrá que emitir el Central para asistir a los bancos y más pesos correrán a cambiarse por dólares.
Según los cálculos que manejan en Economía y en el Banco Central, en los primeros seis meses del año fueron liberados unos 4500 millones de pesos de los bancos por amparos judiciales. Pero la proyección para la segunda parte del año, teniendo en cuenta el ritmo de ejecuciones de junio y especialmente de julio, superaría cómodamente los 6000 millones de pesos. Todavía hay 270.000 amparos en marcha que esperan la sentencia de los jueces.
Sin embargo, hasta ahora, nadie dijo cómo neutralizar el retiro de depósitos vía amparos, sin crear un nuevo conflicto de poderes o un conflicto político de magnitud, como consecuencia de una medida que termine perjudicando a todos los ahorristas, como sería un bono compulsivo.
Por eso, cuando el martes mismo por la noche se anunció que el presidente había firmado un decreto de necesidad y urgencia para suspender por 120 días hábiles la ejecución de los amparos, se barajaron dos hipótesis: o Duhalde había logrado abrochar un pacto con la Corte Suprema, o quedaría ganar apenas algunos días, a lo sumo semanas. Por ahora, la que priva es la segunda interpretación.
En comunicación telefónica para su programa en radio nacional, desde Guayaquil, Ecuador, donde participa de la segunda cumbre de presidente sudamericanos, Duhalde calificó al decreto como “una tregua que permitirá ordenar las cuentas”. Y trató de relativizar los fallos que lo declararon inconstitucional. “En realidad, ante un decreto de necesidad y urgencia de estas características, hay las más diversas opiniones, por lo menos mil jueces estarán analizándolo. Es natural que algunos no estén de acuerdo”, aseguró.
El viernes la jueza Emilia García declaró la inconstitucionalidad del decreto, haciendo lugar a una presentación colectiva del ombusdman de la Nación, Eduardo Mondino, por lo que el fallo es válido para todos los ahorristas. Según Mondino, los ahorristas que tienen orden judicial para retirar sus depósitos deben presentar el “como si no existiera el decreto presidencial” para que se haga efectiva la devolución de sus ahorros.
Sin embargo, con la apelación del Gobierno el decreto volvería a regir. Entonces, deberá resolver la Cámara, que podría fallar a partir del 5 de agosto, cuando termine la feria judicial. Si el dictamen, como se descuenta, es nuevamente desfavorable para el ejecutivo, entonces le quedaría a Duhalde una vez más la carta, hasta ahora esquiva, de la Corte Suprema (ver aparte).