En sólo dos días, entre el jueves y el viernes, cinco jueces, tres de Buenos Aires, uno de Santa Fe y otro de San Luis declararon la inconstitucionalidad del decreto publicado en el Boletín Oficial el miércoles. Uno de esos fallos, basado en una presentación colectiva del defensor del pueblo de la Nación, tiene carácter general y rige para todos los ahorristas del país. Mañana, el ejecutivo apelaría, con lo cual el decretó que suspende las sentencias por 120 días seguirá teniendo validez. Y si la Cámara volviera a anularlo, entonces el Gobierno podría apelar a la Corte Suprema, cuyos miembros no quieren por ahora saber nada de cerrar el corralito hasta tanto no se archive el juicio político contra sus miembros abierto en el Congreso. Sin embargo, si la Corte demorara en pronunciarse, Duhalde podría ganar más tiempo de lo imaginado. El ombudsman nacional, Eduardo Mondino, advirtió ayer que si la Corte no resolviera rápidamente, “en los hechos estaría convalidando el cierre de un sector de Tribunales”.