Con la puesta en escena de los acuerdos alcanzados en seis gremios en torno de un único porcentaje de aumento salarial, el 16,5 por ciento, el Gobierno pretendió clausurar las negociaciones paritarias por este año. Habrá que esperar el cierre de otras negociaciones clave (Smata recién abre discusiones salariales dentro de un mes) para asegurar que lo haya logrado. Tampoco era el método elegido por el Ejecutivo de antemano: prefería que cámaras patronales y sindicatos se avinieran, sin intervención oficial, a ceñirse a una faja de negociación entre el 12 y el 18 por ciento, como se les sugirió oficiosamente al iniciarse las paritarias de este año. Y aún queda por verse cuál es el costo que se pagará por esta forma abrupta de interrumpir las negociaciones: para los dirigentes aliados, si quedan descolocados ante aumentos mayores que puedan conseguir otros gremios; y para la propia negociación colectiva como institución, que este gobierno recuperó pero que, ahora, dejó herida y sin sentido.

El contexto electoral que dominará el terreno político a partir de mediados de año tiñó de urgencia las paritarias. El Gobierno se planteó dos objetivos prioritarios: evitar en lo posible que se elevara la conflictividad e impedir que los acuerdos salariales tuvieran repercusión inflacionaria. Lograr ambos resultados se tradujo, en términos prácticos, en conseguir acuerdos de aumentos salariales del orden del 14 al 15 por ciento y lo más rápido posible.

Se quiso evitar que el gremio de camioneros volviera a “ser usado” como convenio testigo, tal cual ocurrió el año pasado, por el desgaste adicional que le significaría a un ya cuestionado Hugo Moyano. Se intentó hacer lo propio con el gremio bancario (fue uno de los primeros en firmar y por el 14 por ciento), pero hubo coincidencias en que sacarse la foto con Juan José Zanola no hubiera resultado muy redituable políticamente. La siguiente opción fue buscar que el “aumento modelo” fuera el de la UOM, pero la misión encargada a Carlos Tomada fracasó ante la resistencia del histórico sindicato de Vandor y Miguel. Antonio Caló, su actual titular, está más interesado que nadie en diferenciarse de una pauta salarial que suena a “arreglo con Moyano” y así seguir corriéndole la silla en la que se encuentra sentado en la CGT, para pasar a ocuparla en su lugar.

Desde los días previos a Semana Santa, el Gobierno empezó a oler el aroma a un conflicto sindical generalizado en el ambiente. Trabajadores del neumático, telefónicos y ferroviarios de La Fraternidad, entre otros, anunciaron medidas de fuerza para los días siguientes. Las luchas docentes en ocho provincias podían perder el carácter de “conflictos del interior” como se lo visualiza desde la Capital y, al mezclarse las aguas, las consecuencias resultaban imprevisibles. La ingeniería táctica que se puso en marcha fue dictar la conciliación obligatoria sobre los gremios en conflicto y buscar acuerdos en las cámaras patronales y gremios aliados.

Para no dejar solo y expuesto a Moyano, se lo rodeó con otros dirigentes cercanos: Omar Viviani (peones de taxis), Andrés Rodríguez (UPCN), Víctor Santamaría (porteros), Gerardo Martínez (Uocra) y Jorge Lobais (textiles). Se exigió a los empresarios que cedieran un punto y medio más, hasta el 16,5 por ciento, y se presentó el acuerdo simultáneo como “un acto de responsabilidad, racionalidad y equilibrio”.

Pero la misma negociación colectiva que se reivindicó desde el discurso el viernes es la que quedó maltrecha con la intervención oficial. Si el porcentaje de aumento es fijado por una decisión gubernamental y la negociación referida a condiciones de trabajo es poco significativa (el año pasado, apenas 30 de más de 500 actas de acuerdo firmadas en el Ministerio las incluían), la negociación colectiva se diluye.

Mientras desde el Gobierno se reivindica que la rentabilidad alta no es incompatible con buenos salarios, en los hechos se fija una tasa de aumentos salariales que sea accesible a todos los empresarios. Es decir, se equipara en el nivel de los que tienen rentabilidad más baja, y no se permite que los sectores en los que el margen de ganancias ha sido elevado los trabajadores obtengan mejores aumentos. Paradójicamente, el método de aumento uniforme de salarios favorece a los grupos concentrados, que son los que más rentabilidad obtienen.