El Gobierno y las entidades del campo continúan sin poder acordar un nuevo precio para la carne. Los dirigentes rurales le propusieron ayer al secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, eliminar el valor de referencia del kilo vivo, vigente en el Mercado de Liniers, y mantener sólo una banda de referencia a la salida del frigorífico que oscilaría entre 5,10 y 6,20 pesos “kilo gancho”, según la categoría. De este modo, aseguran que se “sincerarían” los precios y el control dejaría de ejercerse en la producción para trasladarse a la industria. De Urquiza se comprometió a trasmitir el pedido al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y a la ministra de Economía, Felisa Miceli. Por lo tanto, el encuentro que ambos funcionarios tenían previsto para hoy con las entidades se postergó para el jueves. De Urquiza realizó luego algunos anuncios para intentar descomprimir la situación, entre los cuales se destacó la reapertura del registro de exportaciones de maíz.

La propuesta de las entidades busca poner fin al control de precios que ejerce Guillermo Moreno en Liniers, pues aseguran que desde que se distribuyó el listado con los valores de referencia de la hacienda, los ingresos al mercado disminuyeron un 30 por ciento y éste dejó de ser una referencia para las operaciones que se realizan por venta directa o en ferias, donde los precios son mayores. De Urquiza propuso, en cambio, actualizar el valor de referencia del kilo vivo, tomando en cuenta la evolución del costo de vida durante el año pasado. La propuesta fue rechazada por las entidades, ya que aseguran que la única solución para el sector pasa por liberalizar el precio en Liniers y trasladar los controles a la industria, al que señalan como el “verdadero formador de precios”. Las cámaras representantes de los frigoríficos en principio habían dado el visto bueno a la propuesta porque también incluía un “sinceramiento” de sus precios, pero ayer una de las entidades retiró el apoyo y el frente común se rompió, complicando aún más la negociación.

Como De Urquiza no tiene la última palabra en el Gobierno sobre el tema carnes, se comprometió a trasladarle la propuesta a Fernández y Miceli. Una vez finalizada la reunión con las entidades, el funcionario convocó a una conferencia de prensa para realizar algunos anuncios para el sector. En la secretaría informaron a Página/12 que la convocatoria estaba prevista desde la mañana, pero otras fuentes consultadas aseguraron que los anuncios se realizaron para evitar que la reunión fuera vista como un fracaso. Lo más destacado fue la reapertura del registro de exportación de maíz por un volumen máximo de tres millones de toneladas. El registró había sido cerrado en diciembre de manera transitoria para garantizar el abastecimiento interno y nunca había vuelto a abrirse, pese al reiterado reclamo de los productores. Ahora De Urquiza aseguró que existen estimaciones “más certeras” de que esta campaña la cosecha rondará los “22 millones de toneladas”, con lo cual se asegura el abastecimiento interno.

El funcionario también anunció que se les garantizará el “precio pleno” a los productores de trigo para la campaña 2007/2008, que recién comenzará a sembrarse el mes próximo. El anuncio busca generar incentivos y evitar que la superficie sembrada caiga, tal como venían proyectando algunos analistas. El “precio pleno” que mencionó Urquiza es el valor internacional del trigo descontadas las retenciones. Hasta ahora, los subsidios oficiales venían cubriendo una cifra inferior. De Urquiza explicó que ahora se podrá pagar el valor completo, “porque ya tenemos aceitado el mecanismo de compensaciones que el año pasado no teníamos”. Este segundo anuncio no entusiasmó a los dirigentes rurales consultados por Página/12. “Es sólo un anuncio para incentivar al productor a invertir, pero las decisiones se toman en base a lo que ha venido pasando y no considerando lo que dicen que va a pasar”, señaló una fuente del sector.

El secretario de Agricultura también difundió el dato de las compensaciones otorgadas hasta el momento, las cuales alcanzan a 2951 destinatarios (entre productores e industriales) por un monto de 34 millones de pesos. En el caso del trigo, hasta el momento sólo trece productores recibieron el subsidio por un monto equivalente a 119 mil pesos. Mientras que otras 100 solicitudes figuran “en trámite”. “Que hayan salido a anunciar ese dato resulta gracioso”, señaló a Página/12 otro referente del sector rural. De Urquiza también informó que, luego de la propuesta de refinanciación de las deudas que los productores mantienen con el Banco Nación, 117 productores reprogramaron sus pasivos por un monto de 35 millones de pesos y 77 cancelaron deudas por 14 millones. Mientras que otras 350 carpetas figuran “en estudio”. Ulises Forte, de la Federación Agraria, aseguró que “el dato resulta insignificante si se toma en cuenta que los productores endeudados son cerca de 10 mil”.

Pese a las críticas, los productores le reconocen a De Urquiza un interés genuino por tratar de llegar a un acuerdo para destrabar el conflicto. Pero también sostienen que su poder es acotado si se lo compara con el del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien hasta ahora aparece como el centro de todas las críticas formuladas por el campo y algunos políticos, como por ejemplo, el gobernador Felipe Solá, quien ayer consideró erradas las políticas de control de precios en el mercado de la carne.