El caso de uno de los jefes mafiosos más famosos de la historia, Al Capone, que fue enviado a prisión por evasión de impuesto y no por sus negocios ilegales en la convulsionada Chicago de los años ’20 del siglo pasado, es repetido en situaciones que hacen referencia a la debacle de intocables por un hecho menor cuando, en realidad, la caída debería haberse producido por variadas evidencias de su comportamiento inescrupuloso. La doctrina Al Capone es una manifestación precisa de la hipocresía del poder. Esta salió a escena sin ningún tipo de inhibiciones en el escándalo que tiene hoy como protagonista al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz. Ese organismo financiero multilateral quedó en el centro de un debate a partir de un acto de amor de Wolfowitz, al ordenar al jefe de recursos humanos el traslado de su novia, Shaha Riza, de esa institución al Departamento de Estado para evitar ser jefe de ella. Además, instruyó la duplicación del sueldo de su amada a casi 200 mil dólares anuales, saltándose varios escalones de esa estructura burocrática. El curriculum de Wolfowitz incluye haber sido uno de los arquitectos de la invasión a Irak, siendo el abanderado de la mentira de las armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. La probable caída de Wolfie será en comparación por un hecho menor, con acusaciones desmesuradas de nepotismo, tráfico de influencia y encubrimiento. A la vez, el Banco Mundial quedará en el ojo de la tormenta sobre cómo se comportan sus máximas autoridades, cuando resulta más relevante el debate sobre las presiones y corrupción que avala en países a los que asiste financieramente con el objetivo de imponer políticas que son devastadoras para la mayoría de la población.

Ya se reunió un comité de ética, hubo deliberaciones acaloradas en la junta directiva del Banco, los países europeos con peso en el Grupo de los Siete lo defenestraron, Estados Unidos expresó un apoyo fervoroso y hasta los dos diarios de finanzas más importante del mundo se enfrentaron en editoriales militantes. El Financial Times, es decir, el poder de la prensa financiera europea, se enfrentó al poder de la prensa financiera estadounidense, el Wall Street Journal. Este último dice que lo que hizo Wolfowitz es una cosa menor, mientras que el diario de la City sostiene que tiene que irse porque es una vergüenza como ejemplo al mundo. Más aún cuando él lideró una campaña anticorrupción desde el Banco Mundial para evitar despilfarro de recursos de la institución. Esta cruzada tiene su base en el Departamento de Integridad Institucional bajo el mando de Suzanne Rich Folsom, una ejecutiva con estrechos lazos con el Partido Republicano de Estados Unidos y que fue resistida por los propios empleados del Banco porque su designación fue a dedo de Wolfowitz. En su último informe, de dos años de gestión (finalizados el 30 de junio del año pasado), investigó 92 acusaciones de fraude y corrupción contra personal del Banco, y confirmó 33 casos. The Economist describió alguno de ellos: tecnoburócratas que pagaron menos impuestos, dibujaron gastos o el caso de “un miembro del personal que presentó facturas por llamadas telefónicas desde un lugar, mientras afirmaba que en ese momento estaba recibiendo capacitación en otro”.

Más importante que esos pequeños actos de corrupción doméstica son los fraudes de los informes del Banco Mundial que “dan por válidas dudosas evidencias” e “ignoran los análisis críticos” para “presionar en favor de sus políticas”. Estas conclusiones integran un auditoría externa de las investigaciones elaboradas por técnicos del Banco en el período 1998-2005. Esa revisión fue realizada por un panel de cuatro auditores, dirigido por Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard y ex economista jefe del FMI. Los estudios técnicos del BM promovieron las políticas neoliberales aplicadas en Argentina y en la región en la década pasada. La reforma del sistema previsional y las ahora cuestionadas AFJP, la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y la desregulación financiera fueron el corazón de esa política. El papel del Banco Mundial en ese escenario fue relevante como soporte ideológico y diseñador de las denominadas “reformas estructurales”. Estas eran el marco para implementar las políticas de ajuste que recetaba el Fondo Monetario Internacional. Decenas de papers de economistas del staff e invitados ponderaban los beneficios de esas reformas. Existe un caso paradigmático de esa mala praxis del Banco Mundial, expuesta en documentos de sus propios especialistas (revelada por este cronista en la producción Yo no fui, suplemento económico de Página/12, Cash, 3 de agosto de 2003). El primero de esos informes, publicado a comienzos de los ’90, ofrecía recomendaciones para hacer más atractivas las privatizaciones (Argentina. From insolvency to growth, 1993), a saber: el Estado se tenía que hacer cargo de las deudas de las compañías públicas a rematar; reducir en casi 40 por ciento promedio el plantel de trabajadores; los recursos obtenidos de las ventas aplicarlos a pagar deuda externa; y las tarifas debían ser a precios internacional, con indexación por la inflación de Estados Unidos. Diez años después fueron publicados un par de informes de revisión de esa política. Uno (Impacto social de la crisis argentina en los sectores de infraestructura, abril 2003) criticaba la estructura tarifaria porque castigaba el presupuesto de los segmentos pobres de la sociedad debido al nivel relativamente alto del cargo fijo del servicio expuesto en las facturas. El otro (Allocating exchange rate risk in private infraestructure contracts, junio 2003) advertía que las tarifas no deberían ser establecidas en moneda extranjera y que ante una devaluación ni el Gobierno ni los usuarios deberían asumir el llamado “riesgo cambiario”.

El cuestionamiento a Wolfowitz oculta el comportamiento del BM en las últimas décadas, en una discusión falsa sobre que un hombre ha manchado la reputación de una organización que se presenta como abanderada de la lucha contra la pobreza y la corrupción. Naomi Klein, autora del best seller No Logo, escribió la semana pasada una breve pero contundente enumeración de las políticas que exigió a países pobres para brindar su ayuda, que constituyen la raíz de ese desprestigio: obligó al gobierno de Ghana a imponer matrículas escolares a los estudiantes a cambio de otorgar un préstamo; reclamó que Tanzania entregase su sistema de agua potable a empresas privadas; puso como condición para ofrecer ayuda tras la destrucción del huracán Mitch (que arrasó varios países de Centroamérica, en 1998) la privatización de las telecomunicaciones; demandó a Sri Lanka la flexibilidad laboral tras el tsunami que devastó esas costas; o retuvo un préstamo de 100 millones de dólares a Ecuador porque se oponía a que el entonces ministro de Economía, Rafael Correa, y hoy presidente, destinase parte de los ingresos petroleros al rubro salud y educación.

Muchos otros ejemplos de ese tipo de políticas de “chantaje” forman parte del historial reciente del Banco Mundial. Klein escribió que “la hipocresía es el principio rector del orden económico actual”. Y el caso Wolfowitz lo expone al desnudo. Los principios éticos de la institución están en juego por el indebido beneficio otorgado a su novia, pero no lo estuvieron cuando el Banco alentó la cruzada de las privatizaciones y otras políticas a favor de los poderosos que estuvieron teñidas de corrupción.

Argentina le debía al Banco Mundial 9400 millones de dólares a fines de 2001 y terminó el año pasado con un pasivo por 6200 millones, que bajarán a 5700 millones en el actual ejercicio. El BM se presenta como el hermano sensible y comprometido por el bienestar de los pueblos en contraposición a su hermano mellizo, el FMI. América latina se ha desprendido no sin esfuerzos de la tutela asfixiante del Fondo. Venezuela anunció que también se sacará el lastre del Banco. La caída de Wolfowitz puede ser síntoma no sólo de que se trata de una burocracia desprestigiada, sino el comienzo de su final. Como lo fue la evasión impositiva para Al Capone.