El Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear un nuevo modelo de operación del servicio ferroviario. Tal como adelantó Página/12, se propone la conformación de dos sociedades del Estado: una encargada de las inversiones, de planificar la expansión de las redes y de administrar la infraestructura, y la segunda para que asuma la prestación de los servicios de pasajeros y de carga. Sin embargo, estas agencias podrán cumplir esa función por sí, delegarla a compañías privadas o constituir empresas mixtas. El ministro Julio De Vido aclaró que la iniciativa “no es una estatización del sistema” y confirmó la continuidad de las concesiones vigentes. “Queremos llevar a los ferrocarriles argentinos al nivel de los mejores del mundo”, afirmó, al dar a conocer el proyecto en la Casa Rosada.

Ante la consulta de quién operará los ramales San Martín, Roca y Belgrano Sur que el Gobierno le quitó al consorcio de Sergio Taselli, De Vido indicó: “En principio, el Estado no tiene el deseo de desprenderse de la operación de estas concesiones”. En la Secretaría de Transporte fueron más cautos. Dijeron a este diario que los ramales seguirán siendo gestionados por Ugofe, el consorcio conformado por los otros concesionarios de trenes de pasajeros del área metropolitana (Metrovías, TBA y Ferrovías).

El nuevo esquema para la administración del servicio ferroviario está basado en el sistema español, adonde también existe un ente público que administra la infraestructura y otro que opera los ramales. Sin embargo, allí la prestación de los servicios es realizada centralmente por el Estado, mientras aquí continuarán los operadores privados. De Vido aseguró que los concesionarios seguirán “en tanto y en cuanto cumplan” con los contratos. A la vez ratificó la vigencia de la política de subsidios a esas empresas para “mantener una tarifa popular”.

Las dos nuevas sociedades del Estado tendrán carácter ciento por ciento público. La primera se denomina Administración de Infraestructuras Ferroviarias y tendrá a su cargo “la administración de la infraestructura, su mantenimiento, la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad, como también el desarrollo de inversiones”. Será una suerte de agencia de planificación de expansión de las redes y tomará el control de la realización de inversiones, incluida la incorporación de material rodante y el mantenimiento de bienes. Las obras podrá realizarlas por sí, encargarlas a empresas privadas o crear sociedades mixtas.

Este ente podrá emitir órdenes de emergencia a las empresas ferroviarias para superar situaciones de peligro, “incluso de ser necesario la interrupción de sus operaciones”. El ente se encargará del cobro de cánones y tendrá en afectación los bienes concesionados y los no concesionados. También se le transferirá el patrimonio ferroviario que hoy se encuentra bajo la órbita del Onabe.

La segunda sociedad se denomina Operadora Red Ferroviaria y tendrá a su cargo “la prestación de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, incluyendo el mantenimiento del material rodante”. Como se indicó al principio, esa función podrá ejercerla por sí, por terceros o con empresas mixtas. La CNRT, el órgano de control del transporte, seguirá con sus funciones habituales, a la que se añadirá la resolución de controversias entre los dos nuevos entes públicos y los concesionarios de trenes.

Más allá de ordenar y centralizar las funciones, las dos nuevas agencias realizarán en principio tareas que en la actualidad venían desarrollando la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación. Especialistas en materia ferroviaria como Elido Veschi (CTA) y Norberto Rosendo (Comisión Nacional Salvemos al Tren) señalaron a este diario que su primera impresión es que el proyecto no produce cambios significativos con respecto al funcionamiento actual del sistema de trenes. “Lo que había que hacer era crear una empresa estatal que opere los ramales”, reclamó Veschi. El proyecto contempla esa posibilidad, pero De Vido indicó que en principio todo seguirá funcionando como hasta el presente.

En el mensaje del proyecto girado al Congreso –ya ingresó por la Cámara de Senadores–, el Poder Ejecutivo cuestiona con dureza la política menemista hacia el sistema ferroviario, porque considera que hubo “una decisión de destruirlo”. “La realidad prueba, con incontrastable evidencia, que el último modelo intentado en los ’90 no ha rendido los frutos que sus más entusiastas defensores neoliberales prometían”, sostiene el mensaje.