Respondiendo a un reclamo de la Unión Industrial Argentina, el Ministerio de Planificación dispuso una “bonificación transitoria” del 20 por ciento en el cargo específico que la industria debe abonar para financiar las obras de ampliación de la capacidad de transporte de gas. Dicho cargo había sido establecido en enero, con vigencia hasta el 31 de diciembre, fijando un valor por cada metro cúbico de capacidad de transporte reservada. Dichos valores oscilan entre 25 centavos y 3,50 pesos por m3 diario reservado de transporte, dependiendo del tramo de gasoducto al que esté referido, y son contratados exclusivamente por grandes usuarios.

Ahora, esos valores resultarán rebajados en una quinta parte, quita que “resulta factible”, según señala la Resolución 409 de Planificación, “en virtud del crédito adicional acordado entre Nación Fideicomiso y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil”, que permitiría financiar la obra por una vía alternativa a la de los aportes de los usuarios industriales.

La Resolución del Enargas que había fijado dichos cargos, la 3689 del 11 de enero de este año, excluía expresamente del cargo a los usuarios residenciales, usuarios GNC y otras categorías que incluyen usuarios comerciales y generales (P, SGP-1 y SGP-2). Dejadas al margen estas categorías de usuarios, se estableció cuál sería el monto que debían aportar los clientes industriales para poder solventar las obras necesarias de ampliación previstas en el programa 2006/2008 para los sistemas de transporte que operan TGN y TGS.

Pero la UIA comenzó gestiones, frente a Julio De Vido, para reducir el cargo específico, por el fuerte peso en los costos energéticos que recaían sobre algunos rubros industriales en particular. Se mencionó entonces el caso de la industria del papel y también la petroquímica como fuertes consumidores de gas. Pero el impacto no recae exclusivamente sobre la gran industria: varias pymes con contrato de provisión en firme mostraron cómo impactaba el cargo en sus costos, haciéndolo prácticamente impagable.

En un primer momento, se habló de un descuento del 30 por ciento y posteriormente se especuló con un 25 por ciento. Las negociaciones, teniendo como interlocutor a Roberto Baratta, subsecretario de Control y Gestión del Ministerio, culminaron casi a la par del fin del mandato de Héctor Méndez, en los primeros días de mayo. El empresario plástico se retiró del cargo llevándose la promesa de una quita del 20 por ciento. Aunque con más de un mes y medio de atraso, se cumplió la promesa y el compromiso del Enargas de realizar “un análisis bimestral sobre la posibilidad, conveniencia y mantenimiento de la bonificación”.