Mientras Néstor Kirchner siga en la presidencia seguramente no habrá aumento de tarifas de servicios públicos para usuarios residenciales. Pero la situación podría cambiar el próximo año. El Gobierno ya acordó con las empresas eléctricas una revisión integral del cuadro tarifario en 2008, y en los últimos días dio otra señal en la misma dirección, en este caso con la estatal AySA. En el decreto 763 que reglamenta el marco regulatorio de la compañía de agua y cloacas se fijaron los parámetros a aplicar en un futuro para determinar el valor de los servicios. Allí aparecen cargos nuevos. Cuando se instrumenten, según las definiciones técnicas, las facturas deberían subir, aunque la decisión, en última instancia, será política.

La empresa no está pidiendo ningún ajuste, indicaron fuentes de la compañía a Página/12. También explicaron que es lógico suponer que en algún momento AySA necesitará recomponer ingresos por aumento de costos salariales, de insumos y demás, pero ese incremento no será para elevar la rentabilidad del operador, como ocurría en el pasado cuando Aguas Argentinas presionaba para que los usuarios pagaran más. Hecha la salvedad, las mismas fuentes admitieron que la empresa está cubriendo sus gastos operativos “con lo justo”.

Otras fuentes oficiales comentaron a este diario que AySA se encuentra en mora con la integración de 5 millones de pesos al mes a un fondo fiduciario para la expansión del servicio. El atraso es de más de 60 millones de pesos. Es un cargo que se aplica a los usuarios para ampliar la red de agua y cloacas, equivalente al 7,9 por ciento de la recaudación de la empresa. El dinero debería ser depositado todos los meses en una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero la compañía dejó de girar los recursos. Una de las interpretaciones es que AySA utiliza esos fondos para su gestión diaria, lo que refuerza las especulaciones sobre un eventual incremento tarifario.

Américo García, de Unión de Usuarios y Consumidores, se refirió a los elementos a considerar para el cálculo de las tarifas que aparecen en el decreto 763. Para los usuarios con servicio medido, advirtió, se duplica la incidencia del cargo fijo, el cual surge de una serie de factores, como la superficie construida de la vivienda, la décima parte de la superficie del terreno, un coeficiente zonal y uno referido a las características edilicias. Para los usuarios con servicio no medido, se crea un cargo variable en base a los mismos componentes.

El especialista admitió que el valor final de la tarifa, el hecho de que aumente o no, dependerá de los valores que se asignen a aquellos cargos. Pero, en principio, todo indica que su creación apunta a elevar las tarifas. El próximo paso que dará una orientación de cuáles son las intenciones del Gobierno es la firma del contrato de concesión con AySA. En ese punto, García objetó que todavía no se lo haya hecho pese a que la compañía ya lleva más de un año en operaciones.

A pesar de ello, el Gobierno diseñó junto a la compañía un plan de expansión para los próximos cinco años que se propone llegar a un ciento por ciento de cobertura en el servicio de agua en 2011 –beneficiará a dos millones de personas– y avanzar con la red cloacal. La cobertura total de este último servicio se daría recién en 2020. La empresa viene realizando obras parciales en acuerdo con municipios del conurbano bonaerense y promete acelerar la licitación de obras en el corto plazo. Pero para dar un salto en los trabajos de infraestructura necesita fuertes aportes de capital del Tesoro nacional. En ese punto, el financiamiento viene demorado.

El Ministerio de Planificación apostaba a contar con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDS), que había prometido otorgar créditos blandos por el equivalente a 5000 millones de pesos. Sin embargo, cuando los funcionarios avanzaron con la gestión encontraron que los préstamos eran para financiar exportaciones de caños, equipamiento y tecnología de empresas brasileñas, que desplazaban de ese modo a productores locales de esos mismos bienes. Ante esa situación, la solicitud fue desactivada, lo que a su vez provocó un retraso en la ejecución de obras.

Por más que el Estado aporte el dinero para los trabajos más importantes, la empresa debe encontrar alguna manera de financiar su crecimiento. En el decreto reglamentario del marco regulatorio se contempla esa situación. Se insiste con la creación de un fondo fiduciario, que se alimentará con un porcentaje de la tarifa que pagan los usuarios. Esta es una vía adicional para eventuales futuros aumentos del servicio, según la interpretación de García.