Según estimaciones del Correo, sólo el 3,5 por ciento de los afiliados a las AFJP, hombres de más de 55 años y mujeres de más de 50 años, con menos de 20.000 pesos acumulados en sus cuentas de capitalización optaron por quedarse en el sistema privado. Ayer venció la opción para los afiliados con esas características que deseaban permanecer en una AFJP. De acuerdo con los cálculos preliminares, de 1.169.000 afiliados en esas condiciones, alrededor de 41 mil se quedarían en una AFJP, mientras que el resto serían transferidos, con los fondos acumulados en sus cuentas, al sistema público de reparto.

Para el resto de los afiliados al sistema de AFJP, el plazo de opción vence el próximo 31 de diciembre. Hasta ayer, habían completado el formulario para mudarse de una AFJP al sistema de reparto unos 620 mil afiliados. Pero, contando los que ya fueron transferidos al Estado por pertenecer a regímenes especiales (docentes, investigadores, judiciales, servicio exterior), alrededor de 350 mil personas, y los que fueron pasados al sistema público por contar con menos de 20.000 pesos en su cuenta de capitalización, ya sumarían cerca de 2 millones los nuevos inscriptos en la jubilación estatal.

La Ley de Reforma Previsional contemplaba el retorno al sistema de reparto de aquellos afiliados a los que les faltara menos de 10 años para jubilarse y contaran con muy pocos fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización. En esos casos la modalidad de la opción se invertía: para seguir en la AFJP había que enviar por correo, gratuitamente, un formulario que se podía bajar por Internet o ser retirado en las propias administradoras.

Los formularios debían ser enviados a las propias AFJP, las que en los próximos días, después de procesar la información la remitirán a la Anses. De ahí que los cálculos definitivos se conocerán recién en los próximos días. Sin embargo, en despachos oficiales, en base a estimaciones del Correo, aseguraban anoche que apenas un 3,5 por ciento habría optado por quedarse en una AFJP. Es decir, unas 41 mil personas. El resto, más de 1,1 millón de afiliados, serían traspasados al Estado.

El fundamento de esta modalidad de transferencia al sector público es que estos afiliados, que –según datos de la Superintendencia de AFJP– acumulan en promedio sólo 4000 pesos en sus cuentas individuales, iban a cobrar al momento de jubilarse menos del haber mínimo por el sistema privado, y por lo tanto el Estado se tendría que hacer cargo para completar la jubilación mínima.

Además, se estima que la gran mayoría de estos afiliados con pocos fondos en sus cuentas son aportantes irregulares, que al momento de jubilarse tendrán que acogerse a algunos de los planes oficiales de regularización jubilatoria. Por ejemplo, en caso de no reunir los 30 años de aportes que exige la ley, podrían acceder a la jubilación por edad avanzada a partir de los 70 años con un requisito de 10 años de aportes. Por estos traspasos, el Estado recibirá cerca de 4500 millones de pesos en bonos, acciones o plazos fijos en cartera de las AFJP. Además, el Estado embolsará otros 3000 millones de pesos, por los fondos transferidos por los trabajadores de regímenes especiales (docentes, investigadores, judiciales, servicio exterior), que obligatoriamente pasarán también a aportar al Estado.

De los 620 mil afiliados a las AFJP que ya ejercieron voluntariamente su opción de pasar al Estado, el 86 por ciento son aportantes regulares. El dato no es menor porque si se le suman los 350 mil transferidos de regímenes especiales, se tiene que las AFJP ya perdieron casi 1 millón de aportantes regulares. Es decir, el 25 por ciento de los 4,8 millones de aportantes regulares a las AFJP. En total, los afiliados a las AFJP eran más de 11,8 millones, pero más de la mitad eran aportantes irregulares.