Ayer se cumplieron tres meses de la apertura de la opción jubilatoria. En ese lapso, 681.737 personas decidieron abandonar las AFJP para pasar al régimen de reparto. El número es elevado, sobre todo en comparación con la proyección que arriesgaban expertos del sector privado cuando se discutía la reforma en el Congreso: decían que a lo sumo las administradoras perderían medio millón de afiliados. Esa evaluación iba acompañada de otra que tampoco se cumplió: que la mayoría de los traspasos serían de personas que no aportan regularmente a su AFJP. Por el contrario, el 85 por ciento son trabajadores activos y, de acuerdo con una estimación preliminar de la Anses, más de la mitad pertenece al segmento de ingresos medios y altos.

El doble impacto de la reforma en el sistema de capitalización –fuerte salida de afiliados, en su mayoría aportantes regulares– pone a las AFJP en una posición incómoda. La pérdida de clientes a los cuales les cobraban comisiones todos los meses afecta directamente la ecuación de su negocio. Era lo que temían las administradoras y la razón por la cual hicieron lobby durante años contra la posibilidad de que sus afiliados pudieran volver a reparto. Más allá de las campañas de las empresas y de los informes de la city pregonando las ventajas de anotarse en una AFJP, lo cierto es que el sector quiso evitar a toda costa la libre competencia con el sistema estatal.

El golpe para las AFJP es todavía mayor. La nueva ley previsional establece que, de ahora en más, las personas que ingresan al mercado laboral y no optan por ningún sistema son anotadas en reparto. Desde 1994 hasta fines de marzo era al revés: los indecisos eran derivados a una administradora. Por esa vía, las AFJP conseguían el 80 por ciento de sus clientes. En 2006 fueron 575 mil personas, contra 125 mil que lograron captar las fuerzas de venta de las compañías. En los próximos años, el régimen de reparto crecerá cuatro veces más que el de capitalización.

El Gobierno refuerza esa tendencia con la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen de reparto. Es una señal en sentido inverso a la que partía del propio Estado en los noventa. En aquellos años, Domingo Cavallo y Carlos Menem hicieron todo lo posible para convencer a la ciudadanía de que permanecer en el sistema público era poco menos que condenarse a una jubilación ruinosa: eliminaron la movilidad de los haberes, ataron la liquidación de jubilaciones a la disponibilidad fiscal del sector público y orientaron la legislación para que los nuevos trabajadores fueran directamente a las AFJP, entre otras medidas. Ahora, el Gobierno promete la intangibilidad de los recursos previsionales, lo cual se dispuso por ley, y crea una comisión para administrar los excedentes presupuestarios.

Los afiliados a las AFJP que pasan a reparto –hasta el momento son 681.737, según informó Anses a Página/12– conservan su cuenta de capitalización en la administradora que abandonan. Las empresas deben seguir administrando ese dinero indefinidamente, sin cobrarles nada a sus ex clientes por esa tarea (las comisiones se aplican sobre los aportes salariales, no sobre el stock). Cuando se jubilen, esas personas percibirán un haber mixto, con una parte que surgirá de lo capitalizado en su AFJP hasta el día del retiro y otra por los aportes al Estado.

El plazo para ejercer la opción vence el 31 de diciembre y después habrá un período de cinco años durante el cual no será posible cambiar de régimen, en ninguna dirección. El trámite para pasar de una AFJP al Estado se hace a través de Internet, ingresando a la página www.opcionjubilatoria.gov.ar. Después de completar el formulario, hay que imprimir tres copias y llevarlas a cualquier oficina del Correo Argentino, de OCA o de la Anses. Los traspasos se efectivizarán el 1º de enero de 2008.