La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investiga a la empresa Aluar por haber ejercido un supuesto abuso de posición dominante en el mercado del aluminio durante los últimos treinta años. El expediente se abrió en diciembre de 2005 a partir de una denuncia presentada por la cooperativa IMPA, dedicada a la laminación de lingotes. Aluar rechazó la acusación y pidió que se archive la causa. Sin embargo, en mayo de este año la CNDC consideró “insatisfactorias” las explicaciones e instruyó la apertura de una investigación que podría desembocar en una millonaria sanción.

IMPA acusa a Aluar de aprovechar su condición de único productor nacional de lingotes de aluminio, primer eslabón de la cadena de valor, para expandirse “aguas abajo” discriminando vía precios a la competencia en los segmentos de productos semielaborados (derivados de la fundición y laminación de lingotes) y terminados (envases de alimentos, cosmética e industria de la construcción).

Aluar aumentó de manera ininterrumpida el precio del lingote desde 1975, independientemente de la evolución de sus costos, y, según la denuncia, aprovechó esa suba para llevar adelante una conducta predatoria de pinzas. Es decir, subir el precio de la materia prima, pero no aumentar en la misma proporción el valor de los productos semielaborados que fabrica, poniendo en jaque la rentabilidad de las empresas competidoras que debían mantener estables sus precios para no perder mercado mientras sus costos subían. Además, IMPA afirma que se la discrimina con las condiciones de financiación otorgadas al momento de la venta.

Durante el período analizado, Aluar inició un acelerado proceso de integración vertical hasta controlar toda la cadena de valor. En 1983 compró Kicsa Industrial y Comercial, empresa dedicada a la laminación de aluminio en la localidad bonaerense de Abasto. Diez años después Kicsa se fusionó con Camea, su principal competidora, conformándose C&K Aluminio, en la que Aluar poseía el 50 por ciento del capital (ambas plantas producen lo mismo que IMPA a escala superior). En 1995 adquirió el 59 por ciento de las acciones de Hidroeléctrica Futaleufú, sociedad concesionaria de la represa y central hidroeléctrica que le proveía electricidad a su planta desde 1978. En 1997 se quedó con la totalidad de C&K, luego de comprarle su parte a la canadiense Alcan y un año después incrementó su capacidad de solidificación al comprar Refinería Metales Uboldi en Puerto Madrin.

Las empresas que no fueron absorbidas por Aluar cerraron sus puertas o quedaron reducidas a su mínima expresión, como IMPA que entró en convocatoria de acreedores en 1997 perdiendo en los años siguientes a sus últimos grandes clientes que le quedaban (Felfort, Arcor, Havanna, Georgalos, entre otros). Desde entonces, esta firma se sumergió en numerosos conflictos internos que aún perduran, producto de la desesperación de los trabajadores para intentar encontrar una salida a la crisis.

Como agravante, se destaca el hecho de que Aluar habría llevado adelante esta conducta anticompetitiva al mismo tiempo que concentró durante los últimos treinta años la totalidad de los incentivos gubernamentales destinados al sector. “Es una decisión acertada considerar estratégica la producción de aluminio primario para no depender de la importación, pero desde que el Estado comenzó a subsidiar a Aluar los precios no han parado de subir, perjudicando a las otras empresas que componen la cadena y al conjunto de la sociedad”, afirmó a Página/12, el abogado de IMPA, Facundo Taboada. Cuando este diario les preguntó a los socios de la cooperativa por qué decidieron hacer la denuncia en diciembre de 2005 luego de treinta años de supuestos perjuicios por parte de Aluar, afirmaron que la motivación surgió luego de que la CNDC les aplicó ese año una multa de casi 300 millones de pesos a las cementeras por operar de manera cartelizada durante 18 años.

Aluar respondió a las acusaciones de IMPA en mayo del año pasado a través de una presentación donde solicitaron que la causa se archive. Fuentes de la empresa consultadas por Página/12 afirmaron que su posición está expresada en ese documento y que no deseaban realizar ninguna otra aclaración. Allí afirman que la compañía dirigida por Javier Quintanilla Madanes no ostenta una posición dominante en la producción de aluminio, pues, al no existir barreras arancelarias a la importación, el mercado relevante no debe circunscribirse sólo a la Argentina sino al Mercosur, y en ese caso Aluar concentra sólo el 15,6 por ciento de la producción, mientras que el resto es generado por Brasil.

Además sostienen que el precio fue controlado por el Estado hasta agosto de 1991 a través de la Comisión Permanente para el Desarrollo de los Metales Livianos (Copedesmel) y desde entonces se fija en función de la cotización internacional del metal determinada por el London Metal Exchange. En IMPA respondieron que las empresas de la región operan de modo cartelizado por lo que la importación deja de ser una alternativa.

En relación con el impacto que generaron en el mercado del aluminio los subsidios estatales, Aluar afirma que la CNDC no puede modificar una acción de gobierno, aunque ésta afecte la competencia. “Ante planteos dirigidos a cuestionar el efecto anticompetitivo de decisiones gubernamentales, en el mejor de los casos, lo que puede hacer la CNDC es emitir una recomendación u opinión, pero de ninguna manera puede imponer una sanción a Aluar como beneficio de aquéllas”, se sostiene en el descargo.

Pese a las respuestas brindadas, la CNDC resolvió en mayo de este año disponer “la no aceptación de las explicaciones brindadas por Aluar por resultar insatisfactorias” y dispuso la apertura de un sumario que permita realizar un estudio de mayor alcance. Los socios de IMPA afirman que las pérdidas que les provocó Aluar han sido millonarias y reclaman que la CNDC dicte una medida cautelar que les garantice el abastecimiento de la materia prima en condiciones no discriminatorias hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Hasta el momento, el organismo antimonopolio no se expidió sobre ese punto.