La platea de la Sociedad Rural que el sábado acompañó con una ovación el reclamo de Luciano Miguens de eliminar las retenciones a las exportaciones quizá no sepa que el primero en aplicarlas en Argentina fue un presidente al que jamás se hubieran atrevido a abuchear. Bartolomé Mitre las implantó en 1862 y de ahí en más el impuesto tuvo un recorrido que a esta altura no deja de sorprender. Su incorporación al ADN tributario nacional es obra de los mandatarios liberales de la generación del ’80, quienes lo mantuvieron de manera casi ininterrumpida hasta 1905. Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Sáenz Peña, Uriburu, otra vez Roca y Quintana acercaron recursos al fisco a través de ese instrumento, tan vapuleado hoy en día por los ruralistas que se reconocen herederos de varios de aquellos dirigentes.

En algún tiempo, incluso, las retenciones a las exportaciones fueron una bendición para el campo argentino. Es lo que ocurrió en septiembre de 1955, después del golpe de Estado contra el gobierno de Perón, cuando volvieron a regir en sustitución del “maldito” –para los terratenientes– Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Aquel organismo clave del peronismo retenía las divisas de exportación y entregaba a los productores agropecuarios el porcentaje que consideraba apropiado para sostener su actividad y reconocer una ganancia razonable. Una porción significativa de la renta agraria absorbida por el Estado por esa vía era redistribuida al sector fabril, que recibía créditos subsidiados para su desarrollo a través del Banco de Crédito Industrial.

El IAPI fue disuelto después del golpe, con lo que terminó aquella transferencia de recursos del sector rural al industrial, pero el gobierno del general Lonardi igualmente necesitó apelar a las retenciones para mejorar las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, le fue imprescindible restablecer el impuesto para evitar una estampida de los precios internos de los alimentos, debido a que tuvo lugar una violenta devaluación. Ambas razones son exactamente las mismas que motivaron la vuelta a escena del tributo después de la caída de la convertibilidad.

Existe otro punto de contacto entre la experiencia de 1955 y la de 2002. En aquella oportunidad también se pasó de un régimen cambiario que operaba con tipos de cambio fijos y selectivos a otro de mercado libre y flotante. El plan fue ideado por el economista Raúl Prebisch, con el asesoramiento de dos irreprochables para la tribuna de la Rural: Alvaro Alsogaray y Adalbert Krieger Vasena, según rememoró ante este diario el historiador Norberto Galasso. La distancia insalvable entre lo ocurrido en el ’55 y en el ’02 fue la reacción de los hombres del campo en uno y otro caso, aceptando lo dispuesto por la Revolución Libertadora y repudiando lo ordenado por Duhalde-Kirchner.

La historia de las retenciones a las exportaciones aparece relatada en una investigación de los economistas Jorge Gaggero y Federico Grasso para el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-ar). El documento revela que distintos países, y la Argentina en diversas etapas históricas, aplicaron este impuesto. Menciona a Brasil, Costa Rica, Bolivia, China, Indonesia, Tailandia y un conjunto variado de naciones africanas, como Gabón, Gana y Mozambique.

En el país, la experiencia inicial de 1862 a 1905 (con una interrupción circunstancial entre 1888 y 1890) tuvo relevancia porque validó la utilización del impuesto, aunque su impacto fiscal fuera reducido. En aquellos años, la base de la estructura impositiva eran los derechos de importación. Las exportaciones del complejo agrícola-ganadero no tenían la significación que adquirieron años más tarde.

En 1918, el gobierno de Yrigoyen volvió a recurrir a las retenciones a las exportaciones. Permanecieron hasta 1925, cuando Alvear aceptó suprimirlas por consejo de su ministro de Hacienda, Víctor Molina. Fue un triunfo de la patria ganadera, que entonces sí empezaba a sentir el tributo como una carga insoportable. Seis años después, en 1931, ya derrocado Yrigoyen, la misma oligarquía terrateniente presionó para que fuera creada la Junta Nacional de Carnes y Granos. En ese entonces no había quejas a la intervención estatal, como las plantea ahora la Rural, sino que se la reclamó con un fin específico: reconocer a los productores rurales un precio superior al internacional por sus exportaciones.

El último gran antecedente de las retenciones también corresponde a un referente máximo del pensamiento liberal: Krieger Vasena las implantó en marzo de 1967, otra vez después de una devaluación, para evitar una disparada de precios y, sobre todo, mejorar las cuentas fiscales. Onganía, que había derrocado a Illia, respaldó ese plan. Gaggero recuerda que las retenciones fueron ubicadas en el 40 por ciento, la totalidad del salto devaluatorio. La cifra, reflexiona el economista, parece “salvaje” frente al nivel actual, pero es ahora cuando la Rural luce escandalizada.

Además de evitar que los precios internos se escapen siguiendo los de exportación, el aumento de ingresos fiscales que generan las retenciones permite sostener el dólar por arriba de 3 pesos, lo que beneficia a la producción. Por otra parte, el impuesto protege a los hombres de campo cuyas explotaciones tienen a los cereales como insumo: carne aviar, porcina y bovina. Ninguna de esas razones y ni siquiera la historia parecen conformar a los ruralistas, que reclaman la caída del gravamen como si fuera una cuestión de principios.