Con pocos días de diferencia, el singular episodio vuelve a repetirse: el precio de las naftas y el gasoil sube y cuando la remarcación se hace pública, Repsol, Petrobas y Esso prometen corregirla, un gesto político amable hacia el Gobierno que no necesariamente se traduce a los surtidores. Las estaciones de servicio, encargadas de cobrar los nuevos valores, se ubican en la vereda de enfrente a las refinadoras, a pesar de que sus ingresos son una proporción sobre el precio de venta. Según discuten con Guillermo Moreno, su problema de rentabilidad no se soluciona con los centavos por litro que están en juego.

La Confederación de Entidades de Comercio e Hidrocarburos y Afines, que nuclea a todas las organizaciones patronales del país, da fe de que en la última semana todas las compañías, incluidas Shell, aumentaron los precios en proporción similar. Según su titular, Raúl Castellanos, esas subas promedian los 15 centavos en las naftas premium y registran entre dos y siete centavos en las súper y dos para el gasoil.

Se trata del cuarto ajuste aplicado en los últimos cuatro meses que, en la primera ocasión, quedó anulado; en la segunda, se retrotrajo parcialmente y la tercera, hace apenas unas tres semanas, la corrección prometida habría quedado sólo en amague. Esta movilidad de los precios también da lugar a disparidad de valores según zonas geográficas. Así, el litro de súper que, por ejemplo, Shell en Capital vende a 2,29 pesos, en Misiones se cobra 2,49 por el costo añadido de los fletes.

Desde el punto de vista normativo, los precios de los combustibles son libres. Pero en virtud de un acuerdo con el Gobierno, las refinadoras intentan mantenerlos estables. El comunicado difundido ayer por Petrobras invoca expresamente ese compromiso y promete “revisar” la eventual modificación de valores y “de constatarlos”, corregirlos. En la misma línea se pronunciaron Repsol y Esso, mientras que Shell sigue en pie de guerra.

Esa posición sugiere que los aumentos serían responsabilidad de los estacioneros, que, con o sin contrato de abastecimiento, administran el 90 por ciento de los centros de ventas. A través de los gremios patronales que los nuclean, los vendedores de combustibles devuelven la pelota y aseguran que ellos no tienen nada que ver con los incrementos dispuestos por las petroleras y que ellos se limitan a acatar.

Las estaciones de servicio retienen el 7 por ciento del precio de venta y, según denunciaron ante el Gobierno, su negocio está en una situación tan crítica que sólo se recompondría aumentando de modo considerable ese margen. Hace varios meses lograron conmover a Guillermo Moreno con un paper en el que demostraron que, en promedio país, perdían 10 mil pesos por mes.

Para revertir esta situación, habría algunos caminos a mano: se permite un aumento de precios con exclusivo destino a las estaciones o se mejora el margen de éstas en detrimento de las refinadoras. Un atajo igualmente difícil es que se reduzca el componente impositivo que roza la mitad del precio de las naftas y el gasoil.

Al menos por ahora, el secretario de Comercio sólo admitió trabajar en alguna rebaja sobre el impuesto al cheque o sobre las comisiones bancarias por las ventas con tarjeta. También les hizo un guiño para que algunas del interior refuercen la caja con el cobro del derecho de playa, un adicional de 15 centavos sobre el litro del gasoil. Pero para Rosario Sica, titular de la Federación de Empresarios de Combustible, no es suficiente para rescatar una actividad que considera “condenada”. Tan así es que, según advirtió ante este diario, las estaciones resistirían cualquier eventual retroceso en el precio de los carburantes que dispongan las refinadoras.