Gerardo Díaz Ferrán, uno de los dueños del grupo Marsans, accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas y titular de la poderosa Confederación Española de Organizaciones Empresariales, tiene en agenda entrevistarse hoy con el presidente Néstor Kirchner para formular –según sus intereses– un ultimátum ya anticipado vía telefónica: o el Gobierno garantiza una “paz social”, entendida como ausencia de conflictos gremiales, para los próximos cinco años, o las prometidas e imprescindibles inversiones en flota no se concretarán. El cónclave tendrá lugar en un clima enrarecido, no sólo por la tensión que subsiste con los varios sindicatos aeronáuticos sino por las diferencias de criterio que comenzaron a manifestarse con el Estado, actual titular del 5 por ciento del paquete de la compañía privatizada. En declaraciones a Página/12, uno de los dos directores estatales, Ariel Basteiro, admitió la sospecha de que el grupo hispano esté consumando un “eventual vaciamiento” de la compañía a favor de la controlada Austral, como parte de su estrategia para un futuro retiro.

La hipótesis de Basteiro está fundada en una presunción similar a la que anima a los pilotos de AA, quienes protestan por la permanente transferencia de los vuelos de cabotaje a Austral, ambas del mismo grupo empresario. Esta última empresa hoy tiene el 73 por ciento del mercado doméstico, una preeminencia que hace tiempo le correspondía a Aerolíneas, que posee una dotación de personal mucho más nutrida (7000 empleados contra 1800) y una situación financiera más delicada.

El grupo Marsans es también propietario de Air Comet, que opera en el mercado local como firma de bajo costo. Gracias a esto ha ido capturando una porción importante del pasaje a Madrid, la crema de los vuelos internacionales de AA. Según conjetura el socialista y ex dirigente de APTA (Sindicato de los Trabajadores Aéreos de Tierra) Basteiro, así se completaría el cuadro por el cual, paulatinamente, Marsans fortalecería a las dos empresas más funcionales al desarrollo turístico, su principal negocio: Austral para el cabotaje y esta última para los pasajeros que van o llegan desde Europa. En un hipotético futuro, Aerolíneas, como un gigante muy debilitado, podría terminar como un despojo relegado a manos estatales. Por ahora, una sospecha más que una imputación.

Para la empresa, ésa es una mala interpretación de sus decisiones gerenciales. Según su vocero, lejos de debilitar a Aerolíneas, el pase de muchos destinos y frecuencias domésticas a Austral responde a la intención de alivianar las cuentas de AA, ya que la mayor parte de las rutas de cabotaje resultan deficitarias. Su preocupación por ahora está centrada en terminar con los conflictos sindicales que paralizaron total o parcialmente las actividades diecisiete veces en lo que va del año, una queja que Gonzalo Pascual ya le transmitió días atrás al ministro de Planificación Julio De Vido y ahora reiterará ante Kirchner su socio, Díaz Ferrán.

La apuesta es que el Gobierno redoble la presión sobre los sindicatos, quizás a través del Ministerio de Trabajo, para despejar el camino de protestas. Si bien las discusiones salariales se acaban de cerrar con todos los gremios, las causas para nuevas medidas se renuevan con extrema facilidad. Un ejemplo es la que esbozaron los pilotos, que se oponen a que se siga redireccionando el cabotaje hacia Austral.

El conflicto abortó después que la conducción empresaria resolviera suspender el “alquiler” de aviones de Aerolíneas a la otra controlada para que cumpla con ese cometido. Pero el gesto de buena voluntad parece haber agotado la paciencia de los españoles justo cuando comenzaban a concretar un ambicioso plan de compra de aeronaves para nutrir a las varias líneas aéreas que integran su grupo (Spanair, además de las mencionadas). Las naves serán matriculadas por Marsans, es decir, no integrarán el activo de Aerolíneas. La privatizada, de todos modos, podría beneficiarse con el uso de los Air Bus comprados, aunque a condición de que no haya más paralizaciones de la actividad.

A pesar de las diferencias de criterios, los canales de comunicación entre los accionistas privados y el Estado están bastante aceitados y los directores de unos y otro coinciden en que la performance económica mejoró. La compañía achicó su quebranto operativo de 400 millones de pesos en 2005 a 100 millones el año pasado y en el primer trimestre de este año llegó a gozar de un superávit de 600 mil pesos. Un alivio que, de todos modos, no la saca de la zona de riesgo.