Cuanto más pobres, más corruptos. Los países desgarrados por conflictos pagan un alto costo en materia de transparencia institucional. Cuanto más hostil con el capital privado extranjero, más retrocede un país en el índice de percepción de la corrupción. Estas son las conclusiones generales que se pueden extraer de la edición 2007 de este termómetro de la corrupción que elabora Transparency International, que ubica a la Argentina en un poco decoroso puesto 105 entre 180 países calificados, de mejor a peor. Lo que no debiera perderse de vista es que el índice se elabora en base a encuestas y estudios realizados sobre la opinión de expertos y empresarios, residentes y no residentes, de los países o territorios sobre los que opinan. Bajo estas condiciones, Haití, Irak, Myanmar (ex Birmania) y Somalia resultaron votados en los cuatro peores lugares en el ranking de corrupción. Venezuela y Ecuador son los países sudamericanos percibidos como los más corruptos, mientras que Chile y Uruguay ocupan las mejores posiciones entre los de la región.

En forma simultánea, un “informe global sobre fraudes”, que analiza cómo afectan estas prácticas a las empresas en diferentes sectores, señala que en el área de servicios financieros se registra el más alto índice de pérdidas por compañía ocasionadas por fraude. En la industria manufacturera, en tanto, se observa un muy bajo grado de prevención para contrarrestar el fraude, siendo el área donde estos ilícitos se encuentran más extendidos.

Este estudio fue realizado por la consultora Kroll Internacional, junto a The Economist Intelligence Unit, unidad de información empresarial de The Economist Group, editora de la revista británica homónima. El estudio hecho sobre diez sectores económicos muestra en el lugar más envidiable al de Servicios Profesionales. En él se sufren “menos casos de fraude y sus pérdidas por compañía son dos terceras partes menores a las de otros sectores”. En el sector Salud, Famacéuticos y Biotecnología, en tanto, el fraude corporativo se presenta como “un problema grave que se está extendiendo”. Un caso especial es el de Recursos Naturales, donde la proporción de compañías afectadas es notablemente menor al resto, pero el costo por incidente es mucho más alto. “La corrupción y los sobornos se consideran la vulnerabilidad más grande del sector”, señala el informe.

En cuanto a las consideraciones generales, el estudio señala que “se ha popularizado el robo de activos físicos o acciones, un delito que padeció el 34 por ciento de los encuestados”. El costo promedio del fraude a grandes compañías fue superior a los 20 millones de dólares, y una de cada diez perdió más de 100 millones.

Además, “el grado de corrupción y soborno varía ampliamente entre una región y otra”, precisa el trabajo. “La proporción más elevada recae en las compañías que recientemente padecieron de corrupción y soborno en el Medio Oriente y Africa (39 por ciento)”, la proporción de casos en Europa Oriental duplica a la de Europa Occidental (29 contra 14), y la de América latina triplica a la de América del Norte (29 contra 9 por ciento).

Cuando los hombres de empresa juzgan a los países son aún más severos, según refleja la encuesta de Transparency. De 0 a 10, el 40 por ciento de los países considerados recibió una puntuación menor a 3, que equivale a una calificación de “corrupción desenfrenada”, según la pintoresca definición de Huguette Labelle, presidenta de TI. Ese 40 por ciento de países, además, son “desesperadamente pobres”, agregó ayer al presentar el informe.

“Somalia y Birmania, que comparten la peor puntuación, tienen un Producto Interior Bruto anual medio per cápita de 600 y 1800 dólares, respectivamente”, explicó. “Otros países con grandes problemas, como Afganistán, Irak y Sudán, donde confluyen la guerra, la corrupción y la pobreza, siguen en la parte baja del índice”, agregó. Sin embargo, Labelle reconoció que la corrupción “no es simplemente un problema de países pobres”, no sólo por lo que muestran los reiterados escándalos en el mundo desarrollado, sino que también subrayó la responsabilidad de los países ricos en “llevar” la corrupción a las naciones pobres.