“Dejé constancia de nuestra preocupación y el deseo de que se encuentre una solución”, expresó el canciller brasileño, Celso Amorim, después de tomar contacto con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. El titular de Itamaraty hacía referencia a la reciente decisión del gobierno de Ecuador, que redujo la participación en las utilidades de las empresas contratistas que trabajan en yacimientos petroleros en ese país. Entre ellas, Petrobras. “Demostró predisposición política de flexibilidad para negociar”, dijo Amorim respecto de Correa.

A raíz de los fuertes aumentos en los precios del petróleo, Ecuador dispuso que sobre los ingresos excedentes sobre la cotización fijada en los contratos, el Estado se apropiará del 99 por ciento y le quedará tan sólo el uno por ciento restante a la contratista. “No discutimos los derechos soberanos de Ecuador, pero queremos estar seguros de que las operaciones sean viables; el deseo nuestro y de la propia empresa Petrobras es seguir operando y aumentando nuestras inversiones”, se explayó Amorim.

Como ha ocurrido otras veces, particularmente en Bolivia, el gobierno brasileño toma partido por la empresa petrolera mixta (con mayoría estatal) como si se tratara de un actor privado más en los conflictos de intereses que provocan las decisiones de recuperación de soberanía de los gobiernos de la región.

Petrobras, al igual que otras cuatro petroleras que operan en el país –Repsol YPF, Andes Petroleum, Perenco y City Oriente–, no acudieron ayer a una convocatoria del gobierno para renegociar sus contratos, aduciendo que esperaban instrucciones de sus casas matrices. El ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, anunció que el gobierno hará una auditoría sobre las compañías concesionarias para verificar el cumplimiento de sus contratos. La convocatoria para el cambio de condiciones había sido previo al anuncio de modificaciones en las participaciones en los ingresos extra, que se dio a conocer el jueves último. “No será una cacería de brujas”, intentó tranquilizar el ministro con respecto a las auditorías, que estarían listas en 90 días, según fuentes oficiales.