Mientras Economía estudia cómo instrumentar una tarifa social, los diputados oficialistas ya presentaron más de una iniciativa en ese sentido, una de las cuales prevé reducir compulsivamente a la mitad el precio de los servicios a los menores consumos de luz y gas, con presunto costo sobre las empresas, y admite la imposición de precios máximos para estas prestaciones. El criterio difícilmente sea admitido por éstas o por Roberto Lavagna, quien también resiste la pretensión parlamentaria de que sea el Congreso quien tenga la última palabra en el tema tarifario.
El futuro de las tarifas públicas amenaza generar otro cortocircuito entre los poderes. Economía, a través de sus propios técnicos y de los que integran el staff de los entes reguladores, analiza de qué modo podría excluirse de la suba a los consumidores más modestos. La idea es acompañada por algunas prestadoras, que saben imposible aplicar un ajuste sobre usuarios que ya son morosos porque no tienen capacidad de pago.
Pero el Palacio de Hacienda aún no ha definido cuál será la segmentación de usuarios amparados ni quién soportará el costo de subsidiarlos: si el Estado, resignando parte de los gravámenes que pesan sobre las tarifas, o el resto de los usuarios, soportando un aumento mayor. La alternativa no considerada hasta ahora ni por Lavagna ni por las empresas es que sean éstas las que resignen ingresos.
En la propia bancada del PJ surgieron proyectos para garantizar la tarifa social, contrapuestos y ninguno muy acorde a las ideas del ministro. Una de las iniciativas fue redactada a pedido de las distribuidoras de luz y plantea instrumentar la tarifa social rebanando a la mitad la alícuota del IVA.
La otra habilita a los entes de control a reducir a la mitad las tarifas de quienes no superen los 100 kilowatts de luz o los 50 m3 de gas por mes. Aunque no lo dice expresamente, en este caso el costo estaría cargado sobre las espaldas empresarias.
Pero lo más llamativo del texto firmado por la diputada del PJ Norma Pilati son los considerandos, expresados en duros términos hacia las distribuidoras de luz y de gas, “cuya acumulación de rentabilidad y capacidad de contribución les posibilita realizar también un aporte para amortiguar” los problemas de los sectores de menores ingresos. Esos mismos fundamentos ponen de relieve otras cuestiones polémicas:
- Las tarifas residenciales de gas se incrementaron un 227 por ciento desde comienzos de la concesión y las eléctricas subieron un 101 por ciento, mientras que los ingresos medios cayeron.
- Las prestadoras tuvieron niveles de rentabilidad que, expresados en dólares, son significativamente superiores a sus similares de EE.UU., Francia, Italia, España.
- No concretaron proyectos de reinversión dentro del país (las inversiones no superaron el 30 por ciento de las utilidades líquidas) sino que mayoritariamente se transfirieron al exterior.
Según aseguran fuentes del bloque, éste es el proyecto que se impulsaría en primer lugar, con la intención de moderar el impacto de las inminentes subas, que, según fuentes parlamentarias, podrían superar el 20 por ciento. De ser así, el tenor de aquellos fundamentos dan la pauta de que el Congreso puede no ser un aliado fácil para convalidar aquella suba.
En la madrugada del viernes, la presión desde la Casa Rosada logró abortar la sanción de un proyecto que transformaría en vinculante el dictamen del Congreso sobre el tema. Según la secuencia prevista, los aumentos que pretenden las empresas serán discutidos primero en audiencia pública, cuyas conclusiones deben ser giradas al Parlamento.
En un escueto comunicado difundido el jueves por la noche, Economía detalló cuáles serán a su juicio los pasos a seguir, acotando expresamente las potestades de los legisladores... “La Bicameral producirá un informe no vinculante y, por último, la decisión será tomada por el PoderEjecutivo”. Algunos legisladores interpretan que el Parlamento es otro de los escenarios de la interna partidaria y que los criterios del duhaldismo, en este tema expresado a través de Economía, se contraponen con los del resto, supuestamente más proclives a desafiar a las privatizadas, levantando la bandera de proteger a los más pobres.
La última partida podría dirimirse esta semana, si la bancada del PJ, animada por su titular, Humberto Roggero, insiste con la sanción de un proyecto que le de fuerza de ley a sus opiniones sobre el futuro de las tarifas.