El Gobierno reconoció que la negociación con el FMI volvió a estancarse. La relación ingresó en una tediosa etapa de intercambio epistolar, lo que no es más que la nueva forma que encontró el organismo para llevar las cosas a largas. Anne Krueger, la número dos del Fondo, le envió ayer una carta a Roberto Lavagna con consideraciones generales de los puntos en que hubo avances y aquellos que todavía faltan. Hoy el Fondo responderá con mayor detalle al borrador de la Carta de Intención que le envió el Gobierno hace diez días, pero no hay a la vista una fecha tentativa de cuándo se firmaría el acuerdo, tal como adelantó Página/12 en la edición del sábado pasado.
Lavagna se cubrió de eventuales críticas por la nueva demora reconociendo como válidos los argumentos del FMI. Sostuvo que la sanción en el Congreso de dos leyes para prorrogar la aplicación del CER y suspender las ejecuciones por deudas impagas, sumado al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el descuento de 13 por ciento a los salarios de empleados públicos y jubilados “van a contramano de lo que veníamos discutiendo” con el organismo.
“Estaríamos negando la realidad si no dijéramos que algunas de esas cosas van a contramano de lo que veníamos discutiendo, por lo menos en algunos capítulos”, afirmó el ministro. Para superar esa situación, dijo que “estamos tratando de explicar el alcance limitado de algunas de esas medidas, pero objetivamente y sin mentir, algunas de ellas van en sentido contrario” a lo previsto, remarcó.
Lo cierto es que el FMI volvió a correrle la línea de llegada al Gobierno. A principios de año, el discurso de Washington era que la Argentina no tenía un plan sustentable, después pasó por un largo período de reclamo de medidas puntuales –la derogación de la Ley de Subversión Económica y la modificación de la Ley de Quiebras son los ejemplos finales–, más tarde envió a la comisión de “notables” y, cuando el Ministerio de Economía se ilusionaba con que todo acabaría, el FMI encontró nuevas excusas.
La carta de Krueger subraya que la salida de depósitos por los amparos judiciales sigue siendo un tema central, pues impide trazar proyecciones confiables en materia monetaria. El hecho de que hayan aumentado los depósitos, en parte por dinero que salió del corralón que fue redireccionado a una cuenta bancaria, y que se haya frenado la salida del corralito no fue suficiente para que el tema de los amparos bajara a un segundo plano en la discusión con el FMI. Otro punto que Krueger reflotó para ponerlo en primer plano de las demandas es el de la emisión de cuasimonedas provinciales. En tercer lugar, pidió un cronograma para la reestructuración del sistema financiero.
La versión que dan cerca de Lavagna es que el Fondo sigue sin voluntad política para llegar a un arreglo, y que a esta altura ninguna de las cuestiones que se discuten debería impedir que se firme. Tal como explicó Página/12 el último sábado, en Hacienda están preocupados porque el convenio no estará cerrado tampoco en setiembre. Lavagna tomó la decisión de cubrir los vencimientos con los organismos de crédito durante el próximo mes con reservas del Banco Central. Habrá un desembolso de 91,5 millones de dólares en favor del FMI y otros de 170 millones para pagarles al Banco Mundial y al BID.
Ayer aterrizó en Buenos Aires una nueva misión técnica del FMI. Su tarea será auditar la situación fiscal de las provincias, y tiene previsto un trabajo “por dos semanas”, según se comunicó oficialmente. Los plazos que manejan desde Washington demuestran que no hay ningún apuro en finalizar el trabajo. Por omisión, la carta de Krueger dejó claro que por ahora no se prepara ninguna misión negociadora del FMI que venga a ponerle el punto final a ocho meses de discusiones. Lavagna, en tanto, insiste que su deseo sería que hubiera “un acuerdo que alcance por lo menos a diciembre del año que viene, para darle al nuevo gobierno un poco de respiro para diseñarsus propios programas”. Respiro que, como se ve, este gobierno no consigue.