El Gobierno apuesta a recaudar cerca de 2500 millones de pesos adicionales por año a partir de un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, trigo y maíz. La medida está siendo analizada por el Ministerio de Economía. Sería el resultado de un incremento de 5 puntos en la alícuota que paga actualmente cada uno de esos cultivos, los cuales están cotizando en niveles record. El objetivo es ponerle un freno a la suba de los alimentos y dejarle mayor holgura fiscal al futuro gobierno de Cristina Fernández.

El proyecto se encuentra en la agenda oficial desde hace varios meses, pero fuentes oficiales confirmaron que la intención es implementarlo en las próximas semanas. En el último año, la soja y el trigo aumentaron 60 por ciento en el mercado internacional y el resto de los commodities también evolucionó en alza. Esta situación ya le está reportando amplios beneficios al Estado. Según estimaciones del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural, la cosecha 2006/2007 de los granos y sus principales subproductos permitirá recaudar 4150 millones de dólares en concepto de retenciones, 1725 millones más que en la campaña anterior. De ese monto, 500 millones de dólares corresponden al aumento de las retenciones a la soja implementado en enero. Los 1225 millones restantes fueron producto de la mejor cotización internacional.

La suba de precios también incrementó las ganancias de los productores quienes atraviesan uno de sus mejores momentos, sobre todo aquellos que cultivan en la zona núcleo del país. Sobre ese margen avanzará ahora el Estado para fortalecer el superávit fiscal y contener el alza en el precio de los alimentos, que en los últimos meses aumentaron pese a la política de subsidios y los acuerdos consensuados con las principales empresas del sector.

Los principales dirigentes del campo criticaron la iniciativa. “Rechazamos el aumento porque el sistema actual de retenciones perjudica a los productores más chicos, que tienen menos margen de ganancia”, señaló a Página/12 Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina. El productor sostuvo que las retenciones son un instrumento útil de política económica, pero pidió que se complementen con un mecanismo de reintegros a los pequeños productores. “Hoy este impuesto ni siquiera es coparticipable. Por lo tanto, no llega a los municipios y las provincias, que es donde se genera la producción”, agregó.

“No parece necesario implementar un aumento de las retenciones porque la suba de las cotizaciones internacionales ya posibilitó un incremento de la recaudación. Lo que busca el Gobierno es aumentar el superávit fiscal y controlar el precio de los alimentos, pero en el caso de la soja el único objetivo es recaudatorio porque la gran mayoría no se consume en el mercado interno”, sostuvo a Página/12, Hugo Luis Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural. El dirigente rural agregó luego que los productores de soja de la zona núcleo están en condiciones de resistir un aumento, pero en el NOA “están al límite”.

También planteó reparos en el caso del maíz y el trigo, pero el aumento de las retenciones no podrá desincentivar la producción en la campaña actual porque la siembra de ambos cultivos ya se realizó. El trigo se está cosechando y a mediados de noviembre deberían comenzar a realizarse las primeras exportaciones si es que finalmente se abre el registro. La cosecha de maíz, en cambio, comenzará en marzo.

Con los precios actuales, el incremento de un punto en las retenciones a las exportaciones del complejo sojero le aportan al Estado 110 millones de dólares anuales. El maíz suma 22 millones y el trigo 17 millones. No obstante, los dirigentes rurales afirman que el campo deberá ceder una porción mayor porque ese cálculo considera sólo lo que se queda el Estado sobre la exportación, pero las retenciones sirven para disciplinar los precios internos. Por lo tanto, también recorta las ganancias sobre la porción que se destina al mercado interno. Para la soja esa distinción es prácticamente irrelevante porque el 90 por ciento de la producción se exporta, pero el 30 por ciento del maíz se vende al mercado interno y el 60 por ciento del trigo también.

Más allá de las quejas de los dirigentes rurales, el campo atraviesa una coyuntura excepcional que incluso se reflejó en el apoyo al oficialismo en la mayoría de las localidades rurales donde se votó el domingo. El Gobierno afirma que ese buen momento no se verá afectado por la suba que planea.