Dispuestas a bloquear los aumentos de tarifas de servicios públicos en los términos propuestos por el Gobierno, las asociaciones de consumidores comenzaron una ronda de consulta entre políticos, aparentemente exitosa. Elisa Carrió y José Manuel de la Sota fueron los primeros en adherir al planteo de que no se puede convalidar ninguna suba antes de desmenuzar en detalle el negocio de cada privatizada a través de una renegociación integral de sus contratos. El precandidato justicialista habría ido, incluso, un poco más allá: esta tarea debe ser encarada por el próximo gobierno que, en el primer semestre de gestión, tampoco podría admitir ningún incremento.
Bajo el liderazgo del abogado Ariel Caplan –representante de los usuarios en la comisión renegociadora de contratos que funciona en el Ministerio de Economía– las entidades que representan a los usuarios de servicios se oponen a que en las próximas audiencias públicas convocadas por Economía la discusión esté limitada a cuánto debe aumentar el precio de cada servicio. Por el contrario, este incremento debería ser el resultado de una revisión contractual cuyas bases están siendo sometidas al juicio de los precandidatos presidenciales, junto a la propuesta de que ninguno de ellos admita aportes de campaña proveniente de las privatizadas.
Carrió, entrevistada el lunes, respondió de modo previsible: estatutariamente el ARI está inhibido de admitir aportes empresarios para financiar su proselitismo. Aunque en otros términos, De la Sota habría prometido algo similar al día siguiente, al asegurar que el auxilio financiero a las cajas de su campaña llegarían sólo desde “empresas productivas” lo cual, presuntamente, excluiría a las prestadoras de servicios públicos.
Pero el punto central de las coincidencias es que el ajuste que estaría por disponerse tras la realización de audiencias públicas no es admisible y, en todo caso, debería estar subordinado a una renegociación de contratos que no sólo considere el inmediato impacto de la devaluación sino también toda la historia de cada privatización.
En función de ese criterio, los consumidores reclaman analizar retrospectivamente las utilidades que obtuvo cada adjudicataria para juzgar si está dentro de los límites de “razonabilidad” que debe garantizar el Estado (no más del 8 por ciento anual). En segundo lugar, considerar el endeudamiento contrastándolo con las utilidades distribuidas o giradas a las filiales que los operadores tienen en el exterior.
A juicio de los usuarios organizados, varias empresas exigen al Gobierno una compensación por problemas que tuvieron antes de la devaluación y que, por consiguiente, no fueron generados por la emergencia económica. En esta categoría podría ubicarse Aguas Argentinas, supuestamente “inviable” desde antes. “No sólo incumplió reiteradamente el contrato sino que el 80 por ciento de la inversión fue financiada con deuda”, cuestiona Caplan, para quien esa proporción es exagerada.
La búsqueda de adhesiones políticas continuará la semana próxima con visitas al justicialista Adolfo Rodríguez Saá y al líder de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora. Pero mucho antes de que sea elegido el sucesor de Duhalde y después que las objetadas audiencias públicas tengan lugar, los consumidores jugarán su última carta para frenar el ajuste tarifario en ciernes acudiendo a la Justicia.