Pocas veces habrá recibido Roberto Lavagna un reclamo tan curioso y desconcertante como el que acaba de formularle el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital. Pese a su enfático lenguaje, la nota corporativa de los contadores le reprocha al Gobierno, por un lado, no haber reimplantado el ajuste por inflación de los balances impositivos -es decir, los estados contables que sirven de base para el pago de los impuestos–, pero, por el otro, le advierte que el ajuste por inflación sería “inapropiado” e “inequitativo”. La carta, que no incluye propuestas alternativas, termina siendo así en la práctica una invitación a no hacer nada. Sin embargo, la preocupación existe: hoy los balances sin ajuste no reflejan la capacidad contributiva de las empresas. Pero Economía rehúsa abordar la cuestión con el curioso argumento de que ajustar por inflación equivaldría a resignarse a que haya inflación. ¿Lo contrario será verdad: no ajustar servirá para que la inflación remita?
Una copia de la presentación fue despachada a Eduardo Ballesteros, secretario de Ingresos Públicos, quien aún no pudo leerla por hallarse en Oslo, donde asiste al 56 Congreso Anual de la IFA (sigla inglesa de la Asociación Fiscal Internacional), que comenzó el domingo y concluye hoy. No ha sido posible confirmar si de la capital noruega Ballesteros se dirigirá a Barcelona, donde pasado mañana se inician las XXI Jornadas del Iladt (Instituto Latino-Americano de Derecho Tributario), que en realidad tendrán lugar esta vez en Génova, por aquello de que Colón descubrió América (si no le ganaron de mano los vikingos). Parte de las sesudas Jornadas transcurrirán a bordo de un crucero, que depositará a los tributaristas en el puerto xeneixe, desde donde volverán en barco a la ciudad condal, mecidos por las olas.
Como Alberto Abad, director de la AFIP, se encogió de hombros, arguyendo que la definición de políticas corresponde a Economía, Ballesteros deberá ocuparse, tras su retorno, de proponer algún criterio. Por las dudas, los contadores lo amenazan con una rebelión fiscal: “Las empresas que obtengan resultados reales inferiores a los resultantes de los balances históricos (sin actualización) pretenderán liquidar sus impuestos –previene el CPCE- partiendo de los balances ajustados y, eventualmente, discutirán con el fisco cuál es el verdadero resultado gravado.” Esto significa que litigarán ante el Tribunal Fiscal de la Nación y, si es preciso, ante la Cámara.
Como puede suponerse, sólo se retobarán las empresas perjudicadas por la falta de ajuste del balance impositivo. Las beneficiadas no van a protestar, con lo cual –según advierten los contables– se perderá recaudación. La ventaja la obtendrán las firmas con pasivos pesificados (“ganancia” que no les costará nada) y activos resguardados de la inflación, por lo cual les conviene calcular sus tributos en base al balance nominal. Por ende, sus verdaderas utilidades (que podrán conocer a través de un balance contable ajustado) superarán a las impositivas. Sólo deberían cuidarse del “impuesto de igualación”, que grava con la tasa general de Ganancias todo exceso de dividendos por encima del rédito determinado en el balance impositivo.
Según indica el especialista Arnaud Iribarne, los balances sin actualización de valores encierran un peligro de descapitalización, porque impositivamente sólo se admiten amortizaciones calculadas sobre el precio de compra histórico del equipamiento. Como el costo de reposición de esos bienes, muchas veces importados, es hoy mucho más alto, la amortización sin ajuste resultará insuficiente, y la empresa, al no poder deducir montos adecuados, tributará sobre ganancias irreales.
Aunque el Consejo sugiere la necesidad de alguna forma de ajuste, no quiere que se restablezca la indexación de deudas y créditos. En otros términos: rechaza que se indexe el impuesto por los cinco meses que transcurren entre el cierre del ejercicio y el pago efectivo de Ganancias.Por tanto, la erosión inflacionaria –el llamado “efecto Tanzi”– debería padecerla el Estado. Tanto esta postura como el lenguaje con que el CPCE se dirige a Economía no son normales en una entidad en la que el Estado delegó funciones de contralor sobre la profesión contable.
Uno de los problemas provocados por la inflación es que la ley de Ganancias grava sin distinguir entre la “renta periódica” (obtenida por operaciones normales) y las ganancias de capital (logradas por la venta de un inmueble, un paquete accionario, etc.) y por tenencia, que surgen de valuar stocks (bienes de cambio o moneda extranjera) al valor neto correspondiente al último día del ejercicio, según impone la norma vigente. La inflación y el aumento del tipo de cambio “inflarían” así el activo, determinando beneficios que pueden no expresar capacidad contributiva. Para el Consejo, la imposición “se convierte en confiscatoria cuando (los referidos beneficios) son un mero cambio en la exteriorización numérica”.
Para Iribarne, “algún ajuste hay que hacer, aunque ninguno sea el adecuado. Habrá que encontrar algún promedio, para reducir lo más que se pueda la distancia con las situaciones individuales.” Hasta 1991, cuando existía el ajuste del balance impositivo, se utilizaba el índice de precios mayoristas. En los últimos doce meses, el IPIB (precios internos básicos al por mayor) subió 100,5 por ciento. No es como para seguir ignorándolo.