Al igual que el resto de los servicios públicos, el autotransporte urbano de colectivos será bendecido por un aumento que podría promediar los 10 centavos por cada boleto. Economía ya tomó la decisión política de autorizar esa suba aunque aún no encontró el mecanismo adecuado para hacerlo sin que un recurso judicial pueda abortarlo luego. Mientras, los autotransportistas podrán seguir comprando gasoil a precio diferencial, aunque un poco más caro que hasta ahora: 82 centavos en lugar de 75 el litro. Conforme al convenio que ayer se firmó con las petroleras, el Estado pagará a las refinadoras la diferencia entre ese precio especial y el que figura en surtidor –que hoy duplica el precio previo a la devaluación– aplicando lo que recauda en concepto de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos. Este esfuerzo fiscal está fundado en el propósito de moderar un aumento que el Gobierno ya admite como ineludible.
La Fatap, cámara que aglutina a las empresas de colectivos, se presentó días atrás ante la comisión renegociadora que analiza los ajustes tarifarios. Los autotransportistas pidieron sumarse a ese cuerpo especial, presentando para ello los detalles de su estructura de costos, que en los últimos meses resultó engrosada por tres razones: la carestía de los insumos importados, el aumento del combustible y la obligación de oblar 100 pesos a cada trabajador. A esas desgracias, las empresas suman una imparable caída en sus ingresos debido a la merma de pasajeros, que en los ‘90 estuvo fundada en la competencia de los trenes, los subtes y en el crecimiento del parque automotor. La recesión dio luego el golpe de gracia.
Desde hace un par de meses, el Ministerio de Economía auxilia a los autotransportistas con un subsidio costeado con un impuesto sobre el gasoil. Además, flexibilizó de hecho las exigencias de equipamiento de las unidades y promovió a fin de abril un acuerdo con las petroleras para que proveyeran gasoil a precio diferencial de 75 centavos. Pero esto no resultó suficiente para los empresarios, que siguen reclamando ventajas impositivas y aumento del boleto. “No pretendemos tener ingresos que igualen a los costos. Pero sí algo como para poder esperar a que la economía repunte”, explicaba ayer Héctor Tilve, titular de Fatap, a Página/12.
La Justicia dispuso ayer la quiebra de la empresa Río de la Plata, sembrando incertidumbre sobre el destino de sus 650 trabajadores. Una noticia amarga para el sector que terminó convenciendo al Gobierno de que, tal vez, un aumento del boleto puede resultar menos dañino de lo que se supuso hasta el momento. Lo que analiza ahora el Palacio de Hacienda es si someter ese ajuste a audiencia pública o no, tal vez aprovechando que en el caso del autotransporte ninguna ley obliga a hacerlo.
Ayer mismo el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, prometió que no habría aumento de boleto, al anunciar el nuevo acuerdo firmado con las refinadoras para que hasta el 30 de noviembre éstas provean gasoil al precio diferencial de 82 centavos. Este combustible “barato” sólo podrá comprarse a granel (no en las estaciones de servicio) y tendrá como destinatarios a los transportistas de pasajeros regulares, sujetos al régimen de servicio público y en función de un cupo fijado por la Secretaría de Transporte.
La diferencia entre aquel valor y el creciente precio de venta en surtidor del gasoil será pagado a las refinadoras por el Estado. Según aseguraba ayer a este diario el secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, los 10 millones de pesos mensuales que costará ese subsidio no son un desvelo para el fisco, ya que serán detraídos de lo que recauda el Tesoro por las retenciones que pagan las propias empresas por las exportaciones de hidrocarburos.
Atanasof negó que esté previsto un aumento del boleto, al menos como resultado de este acuerdo. Según Tilve, a los empresarios le significará oblar “un promedio de 185 pesos mensuales más por mes por cada coche”. El Gobierno, en tanto, hace números e investiga el marco legal para ver de qué modo puede hacer socialmente admisible un incremento que lleve el boleto mínimo en Capital Federal de 75 centavos a 85.