El ministro Roberto Lavagna pretende avanzar a partir de mañana en un “plan contingente” para frenar los amparos judiciales. La alternativa será discutida la misión del FMI, que desembarcará en Buenos Aires encabezada por el inglés John Thorton y el director de Asuntos Monetarios y Cambiarios del organismo, Stefan Ingves. En el Fondo consideran que los amparos es el principal agujero abierto en el programa monetario del gobierno. Pero también cuestionan –como lo expresó su vocero el jueves pasado– varios proyectos que circulan en el Congreso y el fallo de la Corte que restituye el 13 por ciento a empleados públicos y jubilados. Por eso, Lavagna hará otro guiño al FMI anunciando que el “beneficio” recién se pagará en pesos a partir de enero, mientras que el proporcional hasta el 31 de diciembre será considerado como parte del retroactivo y se reconocerá con un bono.
En privado, los funcionarios de Economía admiten que el acuerdo con el Fondo parece inalcanzable durante la administración Duhalde. Pero Lavagna insiste con que todavía hay chances de firmar. Ayer, en un reportaje con Página/12, dijo que “queremos un acuerdo de una sola vez y no en cuotas” como hasta ahora. Mientras que pidió el respaldo político de los candidatos a un eventual acuerdo, al estilo de lo ocurrido en Brasil. La idea es que una vez cerradas las cuestiones técnicas del acuerdo, éste sea puesto a consideración de las principales fuerzas políticas. Así, Lavagna buscaría responder a la objeción –transmitida la semana pasada desde Washington– de que en Argentina no existe consenso político para un acuerdo.
El ministro también afirmó que el principal punto técnico todavía pendiente en la agenda de negociación es la salida de depósitos vía amparos judiciales. Y reveló que ya propuso al Fondo Monetario “dos planes de contingencia” que serán discutidos esta semana con la misión que lidera Thorton. Según pudo saber este diario, dichos planes consistirían en nuevos decretos del gobierno para obstaculizar los amparo. Sea como fuere, los números del mes pasado, muestran que la salida de fondos vía amparos se redujo sensiblemente y que fueron ampliamente compensados por la afluencia de nuevos depósitos, tentadas por las altas tasas de interés que pagan los bancos.
La otra señal que enviará Lavagna a Washington será el anuncio oficial de que este año no se pagará en efectivo la restitución del 13 por ciento a empleados públicos y jubilados. El argumento formal será que la erogación no estaba prevista en el Presupuesto 2002 y que la modificación del presupuesto, en medio de la negociación con el Fondo, no sería conveniente. La remuneración completa recién comenzaría a pagarse a partir de enero, mientras que hasta el 31 de diciembre el 13 por ciento sería computado como parte del retroactivo. Este retroactivo –que corre desde mediados del año pasado, cuando fue decretado el recorte– sería reconocido mediante un título público.